En ese contexto, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) adquirieron una relevancia creciente dentro del mundo financiero. Aunque muchas veces se les reduce a campañas de mercadotecnia verde o a simples reportes de cumplimiento, en realidad reflejan una transformación más profunda, es decir, la incorporación de variables ASG en la toma de decisiones empresariales y de inversión (con la discusión energética en el centro de esa agenda).
Nuestra civilización construyó gran parte de su desarrollo sobre combustibles fósiles. El petróleo y el carbón hicieron posible la industrialización, la expansión del comercio internacional y el desarrollo urbano del último siglo; negar ese legado sería absurdo. No obstante, también resulta imposible ignorar que ese mismo modelo energético ha generado emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) cuya acumulación representa uno de los principales desafíos globales actuales.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha advertido reiteradamente que el aumento sostenido de emisiones incrementa los riesgos asociados con fenómenos climáticos extremos, inseguridad alimentaria, migraciones y desestabilización económica global. En su Sexto Informe de Evaluación, el organismo señala que retrasar las medidas de mitigación elevará significativamente los costos futuros de adaptación y transición energética.
Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (IEA), en el informe Net Zero by 2050, sostiene que alcanzar objetivos de neutralidad de carbono requerirá una transformación profunda del sistema energético mundial durante las próximas décadas, acompañada de inversiones masivas en infraestructura, innovación tecnológica y electrificación industrial.
El problema es que el debate público suele reducir un fenómeno extremadamente complejo a posiciones simplistas. Algunos sectores presentan la transición energética como si pudiera lograrse de manera inmediata y sin costos relevantes. Otros actúan como si cualquier cambio fuera innecesario o económicamente inviable; sin embargo, la realidad se encuentra en un punto intermedio.
La transición energética será gradual, costosa y llena de contradicciones, pero mucho más económica (en todo tipo de recursos) que no realizarla. Las energías renovables tendrán un papel central en las próximas décadas. La energía solar y eólica han avanzado notablemente en eficiencia y reducción de costos. No obstante, aún se enfrentan desafíos relacionados con almacenamiento energético, estabilidad de redes eléctricas y dependencia de condiciones climáticas; por ende, pensar que puede sustituirse de inmediato toda la demanda energética global resulta poco realista.
Al mismo tiempo, algunos países han comenzado a reconsiderar la energía nuclear como parte de la solución climática. Después de años de rechazo derivados de accidentes como el de Chernóbil o el de Fukushima, varias economías desarrolladas observan nuevamente la capacidad nuclear como una fuente estable de generación eléctrica con bajas emisiones de carbono. Francia continúa siendo uno de los ejemplos más relevantes de esta estrategia, al generar cerca del 70% de su electricidad mediante energía nuclear.
Por otra parte, la propia IEA ha señalado que la transición energética incrementará considerablemente la demanda de minerales críticos como litio, cobre, níquel y tierras raras, indispensables para baterías, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento. Esto implica que, incluso las tecnologías consideradas “verdes”, generan nuevos desafíos ambientales, sociales y geopolíticos. La verdadera sustentabilidad exige reconocer esas contradicciones.
No basta con sustituir una fuente energética por otra si el nuevo modelo reproduce deterioro ambiental, explotación laboral o dependencia económica. Precisamente, ahí es donde los criterios ASG adquieren relevancia estratégica, no como instrumentos ideológicos, sino como mecanismos para evaluar riesgos, impactos y sostenibilidad de largo plazo.
En los últimos años, grandes fondos de inversión, bancos y aseguradoras comenzaron a incorporar análisis climáticos en sus decisiones financieras. El objetivo no responde únicamente a preocupaciones ambientales, sino también a la necesidad de administrar riesgos asociados con regulación, reputación, fenómenos climáticos extremos o posibles pérdidas de valor en activos altamente contaminantes.
Las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures impulsaron precisamente esa tendencia al promover que las empresas transparenten riesgos climáticos y escenarios de transición energética dentro de sus modelos de negocio.
Sin embargo, también sería un error convertir los criterios ASG en una nueva ortodoxia dogmática sin tomar en cuenta la realidad económica y social. En algunos casos, la sostenibilidad fue utilizada como sustituto moral de la política económica o incluso como herramienta de posicionamiento ideológico; esto provocó desconfianza y polarización. Cuando la agenda ambiental abandona la evidencia técnica y entra en terrenos puramente emocionales o identitarios, pierde credibilidad ante buena parte de la sociedad y del sector productivo.
El problema no es la sustentabilidad, el problema es el dogmatismo. La Agenda 2050 requiere menos eslóganes y más planeación seria y realista. Además, la discusión debe considerar las enormes diferencias entre economías desarrolladas y países emergentes. Europa puede acelerar ciertas políticas ambientales gracias a décadas de acumulación de capital e infraestructura, pero muchas regiones de Latinoamérica, África o Asia todavía enfrentan desafíos básicos relacionados con pobreza, industrialización y acceso confiable a energía.
Pretender imponer las mismas velocidades y obligaciones a todos los países puede resultar injusto e incluso contraproducente. La transición energética global requerirá cooperación internacional, transferencia tecnológica y financiamiento inteligente, no sólo presión política o discursos moralizantes.
La agenda ASG tampoco puede limitarse al componente ambiental; por ende, la gobernanza será determinante para cualquier estrategia seria de sustentabilidad. Sin instituciones sólidas, seguridad jurídica, transparencia regulatoria y confianza para la inversión, será imposible atraer los recursos necesarios para transformar sistemas energéticos e infraestructura productiva.
Podemos afirmar que el verdadero desafío de nuestra época no será elegir entre crecimiento económico y sustentabilidad, sino aprender a conciliarlos antes de que el costo de no hacerlo resulte irreversible. Recordemos que en el infierno de Dante hay un lugar reservado para los indiferentes, así que el precio de nuestra indiferencia será mucho más costoso que lo que tendremos que invertir en la transición energética.
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