Este objetivo representa una prioridad en las acciones para atender el cambio climático e incide en el resto de los ODS. En el reporte The Sustainable Development Goals Report 2025, emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reconoce a la energía renovable como la fuente de mayor crecimiento y proyecta que superará al carbón como principal fuente de generación eléctrica a nivel mundial. Esto es importante porque se tiene identificado que la generación de energía, en especial la proveniente de fuentes fósiles, es una de las principales causas de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al representar alrededor de dos terceras partes de las emisiones a nivel global.
La transición hacia energías renovables es fundamental por su impacto transversal en la agenda sostenible. Contar con energía asequible, fiable y moderna facilita el acceso a mejores condiciones de salud, saneamiento, educación, comunicaciones y alimentación, además de impulsar el desarrollo económico.
En este sentido, vincular el acceso universal a la energía con la descarbonización del sector energético no sólo contribuiría al cumplimiento del ODS 7 o al ODS 1, Reducir la pobreza, sino que también impulsaría avances en los demás objetivos de la Agenda 2030, mejorando la calidad de vida de las personas.
Para lograr reducir las emisiones relacionadas con las energías fósiles, es primordial, entre otras acciones, incrementar el uso de las energías renovables como solar, eólica y geotérmica, las mismas que han aumentado progresivamente desde la firma del Acuerdo de París en 2015.
Según cifras de la ONU, alrededor del 74% de la población mundial vive en países importadores netos de combustibles fósiles, lo que vulnera su seguridad energética, exponiendo a las economías a volatilidad en los precios, interrupciones en el suministro y tensiones geopolíticas que se han visto en el conflicto entre los Estados Unidos, Israel e Irán, y en el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual ha repercutido en los costos de las cadenas de suministro y ha afectado a las economías de las empresas y de las personas sin distinción alguna.
Diversas acciones se han llevado a cabo desde 2015, por lo que la disminución en el costo de producción es palpable; por ejemplo, en 2024 la electricidad proveniente de energía solar fotovoltaica y la eólica terrestre representó un ahorro de entre el 41 y el 53%, esto comparado con la energía proveniente de centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles.
En este panorama, existen retos políticos y económicos que se deben superar para que estas energías sean asequibles y se encuentren a disposición de las personas y las empresas. En el reporte de la International Renewable Energy Agency (IRENA) de 2024 se establecen necesidades claras para alcanzar el objetivo de transitar hacia energías renovables, tales como la creación de infraestructura, políticas y regulaciones a fin de facilitar el financiamiento, atraer inversiones y mejorar los resultados socioeconómicos y ambientales.
En el escenario planteado por IRENA, la electrificación directa y la eficiencia energética, el desarrollo de tecnologías innovadoras en hidrógeno limpio y sus derivados, así como la captura de carbono, son clave y deberían constituir uno de los principales enfoques de los países.
Sin embargo, aún existen retos que superar, como las barreras estructurales que permitan establecer marcos normativos y regulatorios para modernizar las infraestructuras energéticas, incluyendo las redes y el almacenamiento de energía, y que, a su vez, generen incentivos en las cadenas de suministro sostenibles, donde acciones como otorgar subvenciones a las energías renovables podrían traducirse en una mayor inversión y financiamiento, representando los grandes retos a cargo de los países para lograr una transición rápida y eficiente.
Por lo referido, el trabajo conjunto entre desarrollo, innovación tecnológica, políticas, regulaciones e inversiones resulta indispensable para alcanzar las metas establecidas en el objetivo 7 de la Agenda 2030 y su consecuente impacto positivo en los otros ODS.
No obstante, los retos aún son grandes: el alto costo de energías renovables, cuando se considera el almacenamiento o la construcción de redes de transmisión y distribución de energía eléctrica; el avance moderado en algunas regiones del planeta; la necesidad de inversión en fuentes renovables en países en desarrollo; la investigación y el desarrollo tecnológico; la electrificación; y la generación de políticas y marcos regulatorios que den certeza y permitan las inversiones, generando una base confiable a los inversionistas y partes interesadas. De alinearse, estos elementos permitirán un avance rápido y armónico para llevar energía asequible y con menos emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
Ahora bien, la transición hacia fuentes de energía renovable también debe analizarse desde la perspectiva de medición y revelación de emisiones corporativas. El GHG Protocol constituye uno de los principales marcos internacionales para que las empresas cuantifiquen y reporten sus emisiones de GEI. Este protocolo clasifica las emisiones en tres alcances:
Si bien los alcances 1 y 2 suelen constituir la base del inventario corporativo de emisiones, el alcance 3 adquiere relevancia para la administración sostenible, al permitir la identificación, medición y reporte de impactos más allá de la operación directa de la empresa. Bajo esta lógica, las energías renovables no se reportan como un alcance separado, sino como un factor que puede reducir las emisiones asociadas a la operación directa, al consumo de energía adquirida y a la cadena de suministro.
Para la contaduría pública, la transición energética representa una oportunidad estratégica para identificar, medir y gestionar riesgos, costos e impactos asociados al cambio hacia fuentes de energía más limpias. Su adecuada revelación permite transformar los compromisos de sostenibilidad en información cuantificable, comparable, verificable y reportable para la toma de decisiones de los inversionistas, clientes, gobiernos y demás partes interesadas.
En la medida en que las empresas, gobiernos e inversionistas alineen sus estrategias, será posible avanzar de manera rápida y armónica hacia una economía basada en energías renovables, asequibles, sostenibles y con acceso universal.
En la Agenda 2050, la sustentabilidad implica replantear cómo producir energía, consumir recursos y administrar riesgos sin sacrificar desarrollo económico.
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