Ley de Transparencia Corporativa en EUA: informar beneficiarios finales

---

---

Mtra. Graciela Nichols Martínez Asesora legal fiscal internacional en Nichols, Domínguez, Velázquez & Asociados

La CTA establece la obligación para las empresas de todos los tamaños (pequeñas, medianas, grandes y extranjeras) de presentar informes a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).

Dichos informes deben detallar a los beneficiarios reales, definidos como aquellas personas que poseen directa o indirectamente el 25% de los intereses de una entidad. Asimismo, se exige la actualización de información sobre cambios en los beneficiarios durante el ejercicio fiscal.

La CTA se aplica a diversas formas legales de entidades comerciales en EUA. Enseguida, se enlistan los tipos de empresas que deben cumplir con esta obligación:

• Corporación (corporation): las corporaciones, una de las formas comerciales más comunes, deben cumplir con los requisitos de divulgación establecidos por la ley.
• Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC, por sus siglas en inglés): conocidas por su flexibilidad y beneficios fiscales, también están incluidas en la obligación de informar sobre sus beneficiarios finales.
• Fideicomisos comerciales: desempeñan un papel crucial en diversas transacciones comerciales y también están sujetos a las disposiciones de la ley.
• Sociedades generales: esta forma comercial, donde dos o más socios gestionan y comparten la responsabilidad de la empresa, debe cumplir con la obligación de revelar quiénes son sus beneficiarios finales.
• Entidades similares formadas bajo la ley estatal: cualquier entidad comercial que se asemeje a las formas legales mencionadas y que esté constituida según las leyes estatales, también está sujeta a la CTA.

A continuación, las empresas exentas de la obligación de declarar beneficiarios finales:

• Entidades con más de 20 empleados de tiempo completo: las organizaciones que cumplan este requisito quedan exentas de la obligación de revelar información sobre sus beneficiarios finales. Esta exención se establece para aliviar la carga administrativa de las pequeñas empresas.
• Empresas que declaran ingresos superiores a cinco millones de dólares netos: la exención se basa en la premisa de que las entidades más grandes ya están sujetas a un mayor escrutinio y regulación.
• Entidades con presencia operativa en oficinas físicas en EUA: se presume que estas empresas ya están sujetas a regulaciones locales y, por lo tanto, la duplicación de informes se evita mediante esta exención.
• Compañías de inversión o de asesoría de inversión: estas empresas están excluidas de la mencionada obligación por su naturaleza específica y por la existencia de regulaciones adicionales que ya abordan sus actividades.
• Vehículos de inversión con múltiples inversionistas: esta exención se justifica por la complejidad estructural de estas entidades, así como por la dificultad práctica de identificar a los beneficiarios finales de manera clara y concisa.
• Entidades inactivas: dicha exención reconoce la falta de actividad comercial activa, así como la ausencia de cambios sustanciales en la estructura de propiedad.
• Compañías de seguros: esto se debe a la regulación específica que ya rige en este sector, misma que aborda las cuestiones relacionadas con la transparencia y la divulgación de información.
• Empresas de contabilidad pública: por la naturaleza altamente regulada de sus operaciones, así como por las normativas específicas que ya rigen su conducta.
• Bancos: estas entidades están sujetas a regulaciones bancarias específicas que abordan la transparencia y la divulgación de información financiera.
• Organizaciones sin fines de lucro: esta exención reconoce la naturaleza diferente de estas entidades, mismas que operan con un propósito benéfico y no persiguen beneficios económicos personales.

Sanciones por incumplimiento:

El incumplimiento de la legislación no será tomado a la ligera. Las sanciones por no cumplir con la CTA incluyen multas diarias que van desde los 500 a 10,000 dólares; además, aquellos que violen esta normativa podrían enfrentar hasta dos años de prisión. Estas medidas extremas subrayan la importancia que las autoridades estadounidenses otorgan a la revelación precisa de la información relacionada con los beneficiarios finales.

Informe ante la FinCEN

El informe que debe presentarse ante la FinCEN debe contener información detallada sobre varios aspectos clave:

Las empresas que informan deben proporcionar la información señalada, así como datos de la entidad como: nombres legales, nombres comerciales, estado de constitución, Employer Identification Number (EIN), datos de los beneficiarios, entre otros.

El derecho de acceso a la información reportada por las empresas está limitado sólo a ciertas entidades (federales, de aplicación de la ley estatal, instituciones financieras, autoridades extranjeras).

La ley exige obligaciones de la presentación de información de beneficiarios finales para 2024, teniendo como objetivo: mejorar la transparencia de las empresas; combatir a estructuras corporativas por el posible uso indebido de las mismas con fines ilícitos, evasión de normas contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, corrupción, así como cualquier otra actividad dirigida a defraudar la aplicación de leyes contra el lavado de dinero.

Conclusiones

Es necesario que las empresas mencionadas cumplan con estos informes en tiempo y forma, esto con el fin de no caer en sanciones pecuniarias y ser tipificadas (fiscal o financieramente) como empresas fraudulentas. Las entidades obligadas a informar sobre sus beneficiarios finales que posean el 25% del patrimonio y tengan control sustancial sobre la entidad, o bien, que reciban beneficios económicos de la misma, deben presentar los informes (con la información previamente mencionada) para el debido cumplimiento de la obligación en EUA.

Es importante mencionar que, las empresas constituidas antes de la fecha en que entra en vigor esta ley, contarán con un año para reportar ante la FinCEN. Las entidades constituidas después del 1.° de enero de 2024 y que hayan recibido la notificación de la creación o registro ante el Estado, contarán con 90 días para presentar sus informes.

A pesar de que estas nuevas reglas puedan parecer complicadas para su llenado y presentación, será fundamental para los empresarios contar con la asesoría adecuada para llevar a cabo estas informativas de manera óptima, así como para garantizar el cumplimiento adecuado.