Vicepresidente de Investigación y Normatividad
en Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño (AMDAD)
En México el sector público continúa teniendo una relevancia estratégica, particularmente el sector paraestatal. Al respecto, en 2022 había en el país un total de 207 entidades paraestatales (organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos y empresas productivas del Estado), entre las que destacan Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2022 Pemex y la CFE ocuparon el primer y el cuarto lugar (respectivamente) del ranking de la revista Expansión de las 100 empresas más grandes de México en términos de ventas.
A pesar de la importancia que revisten las entidades del sector paraestatal, actualmente no existe un documento de mejores prácticas de gobierno corporativo (de aplicación general y de carácter obligatorio) diseñado y adaptado para este tipo de entidades, tal como ocurre en el caso del sector privado con:
1. El Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que contiene recomendaciones dirigidas y aplicables a todas las sociedades (de carácter civil, mercantil o de asistencia social) sin distinguir su tamaño, composición accionaria o si cotizan en el mercado de valores.
2.Las obligaciones relativas a la instauración de mejores prácticas de gobierno corporativo que deben acatar las sociedades que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de conformidad con la Ley del Mercado de Valores.
En este contexto, el establecimiento de mejores prácticas de gobierno corporativo de aplicación general en las entidades paraestatales puede coadyuvar a la mejor toma de decisiones al interior de las mismas; lo anterior se logra a partir de:
De acuerdo con la OCDE, el gobierno corporativo se relaciona con las áreas internas por las cuales son operadas y controladas las corporaciones. Al respecto, el marco para el gobierno corporativo debe garantizar la orientación estratégica de la empresa y la rendición de cuentas ante la empresa y los accionistas.
En el sector público, el gobierno corporativo es el sistema mediante el cual el Estado gestiona sus específicas y particulares entidades o unidades administrativas; normalmente está a cargo de los altos ejecutivos administrativos.
La operación diaria de una sociedad es responsabilidad del director general y su equipo de dirección, mientras que, la labor de definir el rumbo estratégico, vigilar la operación y aprobar la gestión, es responsabilidad del consejo de administración.
Para facilitar sus tareas, el consejo de administración puede apoyarse en órganos intermedios que se dediquen a analizar información y a proponer acciones en temas específicos de importancia para el consejo; de manera que éste cuente con mayor información para hacer más eficiente la toma de decisiones. Entre los comités de apoyo destacan los de: planeación y finanzas, riesgos y cumplimiento, evaluación y compensación, auditoría, entre otros.
Fuente: Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del CCE (2018).
El consejo de administración es el órgano responsable de la administración de una entidad, está dotado de las facultades requeridas para ello; entre sus principales funciones destacan:
Cabe destacar que un elemento clave que contribuye a garantizar la objetividad de la toma de decisiones al interior del consejo de administración es la figura del consejero independiente, quien cumple todos los requisitos para determinar que no tiene una relación comercial o familiar con la entidad y que su opinión podrá ser libre y objetiva.
En 2015 la OCDE emitió las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, que son un conjunto de recomendaciones para los Estados sobre cómo garantizar que las empresas públicas operen de manera eficiente y transparente, asimismo, para que rindan cuentas de su actividad.
Se trata de estándares acordados internacionalmente acerca de la forma en que los Gobiernos deben ejercer su función de propiedad pública para evitar las disfunciones que conllevan la propiedad inerte y el exceso de intervención estatal.
Dichas recomendaciones abordan los siguientes tópicos:
Asimismo, en 2014 el Banco Mundial publicó el documento Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Toolkit; se trata de un conjunto de herramientas que proporciona un marco general para el gobierno corporativo de las empresas estatales. Este conjunto de herramientas se centra en las empresas estatales comerciales a nivel nacional (en las que el Estado tiene un control significativo a través de la propiedad total, mayoritaria o minoritaria sustancial); se incluyen empresas estatales en una variedad de sectores como: manufactura y servicios, servicios públicos, bancos y otras instituciones financieras, así como recursos naturales.
Dentro de las paraestatales (empresas del sector público), el establecimiento de mejores prácticas de gobierno corporativo de aplicación general es de suma importancia, pues contribuye para una mejor toma de decisiones. 
El Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo toma como base el respeto por los derechos humanos, normas laborales y medio ambiente.
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