Este nuevo enfoque, alineado con las International Standards on Quality Management (ISQM) 1 y 2, introduce un modelo basado en la identificación y gestión de riesgos de calidad, desplazando la visión tradicional centrada en el cumplimiento de procedimientos.
Ante este escenario, una de las interrogantes más frecuentes en la práctica profesional es determinar quiénes están obligados a implementar un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y, en consecuencia, a presentar la manifestación anual de cumplimiento.
Las NIGC 1 y 2, dadas a conocer por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), constituyen el marco normativo que regula la gestión de la calidad cuando se elabora un encargo, ya sea como firma o como profesional independiente.
Ambas normas se encuentran armonizadas con estándares internacionales, lo que permite a la profesión contable mexicana mantener consistencia con las prácticas globales.
Uno de los elementos más relevantes de la NIGC 1 es que el criterio de aplicación no se basa en el tamaño, estructura o complejidad de la firma, sino en la naturaleza de los servicios prestados. Esto implica que cualquier firma que realice trabajos de aseguramiento, independientemente de su dimensión, se encuentra dentro del alcance de la norma.
En consecuencia, la obligación surge cuando el contador público independiente asume responsabilidad sobre la calidad de un encargo que genera confianza para terceros, particularmente cuando su opinión o informe es utilizado por usuarios externos y menciona que aplicó las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) al realizar el encargo.
Quedan fuera del alcance de la NIGC 1 aquellos profesionistas que no realizan trabajos de aseguramiento, tales como prestadores de servicios de contabilidad, asesores fiscales sin emisión de dictámenes, consultores financieros y contadores internos que laboran en el sector público y privado. No obstante, la adopción voluntaria de prácticas de calidad es recomendable, pues contribuye a mejorar la consistencia, eficiencia y confiabilidad de los servicios profesionales.
Como consecuencia de la implementación del SGC, los contadores públicos independientes obligados deben presentar la manifestación anual, mediante la cual declaran que su sistema cumple con los requerimientos establecidos.
Dicha manifestación implica afirmar que el SGC ha sido diseñado conforme a la NIGC 1, ha operado durante el periodo correspondiente, ha identificado y atendido riesgos de calidad y ha sido objeto de monitoreo y evaluación. Este mecanismo permite a los organismos profesionales dar seguimiento al cumplimiento normativo y fortalecer la calidad en la práctica profesional.
El incumplimiento de las NIGC o la omisión en la presentación de la manifestación anual puede generar diversas consecuencias, entre las que destacan las observaciones en revisiones de control de calidad, sanciones por parte de los colegios profesionales y afectaciones a la reputación del contador público independiente o firma; por ello, resulta indispensable no sólo cumplir con el requisito formal, sino asegurar la operación efectiva del sistema y su adecuada documentación.
La adopción de las NIGC implica un cambio profundo en la gestión de las firmas, destacando la incorporación de un enfoque basado en riesgos, la necesidad de documentar políticas y procedimientos, la responsabilidad activa del liderazgo en materia de calidad y la implementación de procesos de monitoreo continuo. Este enfoque transforma la calidad en un proceso dinámico, integrado en todas las etapas del trabajo profesional.
La implementación de las NIGC representa uno de los cambios más relevantes en la práctica contable reciente. Más allá de su carácter obligatorio para quienes realizan servicios de aseguramiento, estas normas introducen una nueva forma de entender la calidad. En este contexto, la pregunta no debe limitarse a identificar quién está obligado a cumplir, sino a reconocer quién está dispuesto a asumir la calidad como un elemento esencial de su ejercicio profesional.
Con esto, la gestión de la calidad se convierte en un factor estratégico que fortalece la confianza, mejora la competitividad y contribuye a la sostenibilidad de la profesión en el largo plazo.
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