El futbol es, por amplio margen, el deporte más popular del mundo. De acuerdo con estudios de la FIFA, se estima que hay entre 250 y 270 millones de personas que practican futbol en sus distintas modalidades (amateurs, semiprofesionales y profesionales), incluyendo la participación de aproximadamente cinco millones de árbitros y oficiales registrados en todas las categorías. De lo anterior, alrededor de 128,000 futbolistas masculinos tienen un contrato profesional registrado en el organismo.
Las múltiples relaciones entre el delito y el futbol han sido descritas y analizadas en numerosos libros; asimismo, algunos casos de lavado de activos resonantes han sido dados a conocer por los medios de comunicación internacionales. Por otro lado, la globalización de los mercados financieros y el desarrollo de las Tecnologías de la Información (TI) han potenciado gradualmente la economía del submundo delictivo y han abierto el espectro de posibilidades para la comisión de delitos económicos.
En junio de 2008, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió investigar el lavado de dinero en el sector del futbol con el fin de comprender el proceso. Países como Argentina, Brasil, Francia, Italia, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido, así como Bélgica, Irlanda y Países Bajos (líderes conjuntos del proyecto), se unieron al equipo de esta iniciativa y dieron sus aportes al estudio.
En julio de 2009 se publicó un documento desarrollado por el GAFI en colaboración con el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), denominado Lavado de dinero en el sector del futbol, documento que identifica aquellas vulnerabilidades que hacen que el sector sea atractivo para la delincuencia.
La industria del futbol profesional ha experimentado un significativo crecimiento debido a un proceso de comercialización iniciado en la década de los años 90. Las sumas de dinero invertidas en este deporte crecieron principalmente como consecuencia del aumento en los derechos televisivos y los patrocinios corporativos.
Simultáneamente, el mercado laboral para los jugadores profesionales experimentó un proceso de globalización inigualable, dado que una gran cantidad de futbolistas fueron contratados por equipos fuera de su país de origen y los pagos por transferencias que se realizaron en todo el mundo alcanzaron niveles sorprendentes. Los flujos de dinero transfronterizos que se manejan pueden escapar del control de organizaciones nacionales y supranacionales de futbol, lo que abre oportunidades para el movimiento y lavado de dinero.
Al mismo tiempo, sumas de dinero provenientes de inversionistas privados están ingresando a los clubes para mantenerlos en funcionamiento, además de ofrecer una rentabilidad a largo plazo en términos de derechos de difusión, venta de entradas, ganancias provenientes de venta de jugadores y artículos promocionales. Asimismo, a partir del crecimiento de la industria, el futbol parece estar enfrentándose al riesgo de ser utilizado por el crimen organizado para los delitos de lavado de dinero o corrupción.
Las vulnerabilidades que en este sector se pueden identificar son:
En 2020, en México se consideró modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en este aspecto; ejemplo de esto es la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modificaría el artículo 17.° de dicha ley, presentada en febrero de ese año por la senadora Minerva Hernández Ramos, donde se señaló lo siguiente:
Artículo único. Se adiciona una fracción XVI, párrafos primero, segundo y tercero, al artículo 17.° de LFPIORPI para quedar como sigue:
[…] XVI. La prestación habitual o profesional de los servicios que presten las federaciones o asociaciones del futbol mexicano, los clubes cuyos equipos participen de los torneos de futbol organizados por la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).
Serán objeto de aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a 50,000 pesos.
El reglamento de esta ley establecerá los lineamientos generales de estas actividades.
Esta iniciativa no prosperó y fue desechada, por lo que, de momento, el futbol quedó fuera del listado formal de actividades vulnerables señaladas en la LFPIORPI. No obstante, aunque no se convirtió en ley, el control de recursos en el futbol mexicano está activo por otra vía jurídica:
A pesar de que los clubes de futbol no tienen obligaciones por ley para prevenir el lavado de dinero, dicho sector debe adoptar como recomendación una mejor práctica, la norma señalada en la LFPIORPI, su reglamento, así como reglas y disposiciones de esta misma; esto con el fin de minimizar los riesgos reputacionales, legales, de credibilidad y las afectaciones económicas por la pérdida de patrocinadores. Cabe destacar que dichos riesgos pueden ocasionar la vinculación de un club deportivo, directivos, patrocinadores o cualquier otra figura que esté inmersa en este deporte, con operaciones de lavado de dinero y corrupción, por lo que invertir en la prevención se ha vuelto una necesidad.
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