Es importante hacer hincapié entre los diferentes personajes que forman parte de la vida tributaria en México:
Tiene una función recaudadora que abarca desde la codificación, prevención y realización de la legislación fiscal para fomentar el cumplimiento del deber moral de los contribuyentes, hasta la correcta utilización de esos bienes recaudados para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. |
Tienen la obligación de realizar aportaciones tributarias con la intención de que el Gobierno administre (de la mejor manera) los bienes recaudados y hacer frente a las necesidades. |
En la película de Netflix, La lavandería, se ejemplifica cómo, a través de mecanismos legales para la deducción de impuestos, se cometen delitos fiscales graves, abusando del sistema tributario y engañando al fisco a través de prestanombres, facturas, entre otros medios.
En este artículo se analizan los puntos mencionados desde distintas perspectivas; asimismo, se toma una postura objetiva en cuanto al proceder de los actores, pues desde su papel, todos tienen comportamientos positivos y negativos con diferentes consecuencias en la preparación, realización, recaudación y cumplimiento de las disposiciones establecidas en el sistema tributario mexicano.
La justicia, como virtud del derecho, debería ser el centro de todas las acciones, tanto de los contribuyentes como de las autoridades tributarias. Analizando específicamente a la autoridad tributaria, es importante considerar la raíz de la facultad del Gobierno para exigirle a las personas el pago de impuestos, ¿por qué y para qué?
¿Para qué?
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¿Por qué?
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Es sencillo de entender desde su finalidad: otorgarle al Gobierno los bienes necesarios para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. | Los ciudadanos, individualmente, no tienen la capacidad integral para administrar tal cantidad de bienes; por lo tanto, se confía en una autoridad para realizar dicha función. |
En reciprocidad a esa función que los ciudadanos le dan al Gobierno, lo mínimo que pueden esperar es que se impongan leyes justas (correctas y no abusivas), que tomen en consideración sus necesidades y, a su vez, que no constituyan un impacto negativo innecesario en el patrimonio.
Desafortunadamente, en muchas ocasiones la autoridad tributaria comete errores y tiene debilidades (ocasionadas por posturas políticas y corrupción), lo que provoca en los ciudadanos la tentación de incumplir con las disposiciones del sistema tributario; esto por considerarlas innecesarias, o bien, por pensar que no serán utilizadas para los fines correctos.
No obstante de lo mencionado con anterioridad, las personas (como contribuyentes) tienen un deber importante y es acatar las obligaciones fiscales; esto es cumpliendo en tiempo y forma, así como al margen de la ley, con todos los derechos, obligaciones, impuestos y contribuciones que la legislación considere necesarios para el correcto funcionamiento del país. Las faltas de la autoridad competente no constituyen justificación alguna para el incumplimiento de las obligaciones del ciudadano.
Justo por lo anterior, la legislación protege a los ciudadanos para buscar el cumplimiento de dichas obligaciones tributarias; por ejemplo, a través de los principios constitucionales que garantizan la legalidad, proporcionalidad, equidad, generalidad de las leyes y, por último, el que más se afecta en el país, su vinculación con el gasto público.
Este último tiene importantes repercusiones para todos los involucrados en el sistema:
Gobierno
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Contribuyente
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Si no vincula eficientemente los recursos al gasto público, no tendrá los bienes necesarios para satisfacer las necesidades de los ciudadanos (educación, alimentación, seguridad, etc.). | Si el ciudadano se da cuenta de que no se vinculan eficientemente sus recursos al gasto público, tendrá menos interés en pagar sus impuestos (creando un círculo vicioso). |
Entonces, el cuestionamiento importante es ¿qué está pasando entre la recaudación del impuesto y las necesidades de la gente?, ¿dónde se encuentran los recursos? En este panorama existen diferentes caminos, entre ellos, los que cumplen su fin y los que no; pero hay uno legal y correcto: la planeación fiscal.
Es importante entender que la planeación fiscal se presenta cuando los contribuyentes utilizan estrategias con el objetivo de eliminar, disminuir o diferir las cargas tributarias (sin exceder los límites de la ley). La cuestión es hasta qué punto la legislación, implícitamente, marca esos límites.
En este punto, regresando a la parte del deber del Gobierno; si se parte de la idea que las personas (como contribuyentes) satisfacen por sí mismas sus necesidades, quitándole así una carga a la autoridad, entonces tienen el derecho de deducir dicho gasto de su carga tributaria. Esta idea, desde un punto de vista general, suena extraordinaria; sin embargo, existen varios escenarios en donde estas estrategias son abusadas por el contribuyente, tal es el caso de los factureros o de las personas que se dedican al lavado de dinero.
Se tiene el derecho de deducir los gastos realizados, pero no más; no se pueden inventar o confeccionar gastos a la medida para disminuir la carga fiscal, abusando de las lagunas en la ley o protecciones del contribuyente; esto con el fin de engañar a la autoridad tributaria sobre el monto de impuestos que se debe pagar, causando otra vuelta al círculo vicioso.
Esto es lo que distingue a una sociedad funcional de otras, la idea de que el ciudadano, a través de su trabajo, cumpla con sus necesidades y no se vuelva completamente dependiente del Gobierno. Entre menos dependencia haya (con excepciones como la educación, seguridad, democracia, entre otras), menos tentación tendrán los gobernantes para faltar a su deber y, por lo tanto, los contribuyentes de evadir sus obligaciones.
A pesar de lo importante que son ambos sectores dentro del sistema tributario mexicano (contribuyentes y poderes públicos), así como del indispensable papel que juegan dentro de éste, los dos tienen una parte de culpabilidad de la realidad mexicana relacionada con abusos en la planeación fiscal.
Existe convicción de la legitimidad de la planeación fiscal como derecho de los ciudadanos, aunque es importante ser consciente de lo delicado y vulnerable que puede llegar a ser este tipo de estrategias. El nivel de abusos e infracciones que se ve en México (de carácter tributario) es ocasionado por el círculo vicioso entre el Gobierno y los contribuyentes; esto relacionado con el principio de vinculación al gasto público y al no encontrar una salida a corto plazo.
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