Estos servicios deben estar respaldados con educación y regulación financiera que pueda proteger los recursos de los usuarios. Con esto se busca solucionar la exclusión de sectores vulnerables, reducir la pobreza, impulsar el crecimiento económico del país, facilitar la movilidad social y cerrar las brechas de desigualdad. La inclusión financiera existe para garantizar que todos tengan herramientas para gestionar su dinero, se protejan ante riesgos y mejoren su calidad de vida.
Este elemento se empezó a medir formalmente a través de reportes emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2009 y, posteriormente, consolidó sus datos nacionales con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dando como resultado la primera Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) en 2012, con una elaboración regular cada tres años. Su finalidad es monitorear el acceso, uso y brechas en los servicios para diseñar políticas públicas que puedan fomentar la educación y la salud financiera de los usuarios.
La evolución de la ENIF (de 2012 a 2024) ha mostrado cambios significativos, ya que ha pasado de medir el acceso básico a servicios bancarios a evidenciar una revolución digital, el impacto en programas sociales y la diversificación de productos. Dentro de los principales avances y cambios entre ambos periodos, destacan los siguientes:
Los actores fintech son empresas que combinan servicios financieros con tecnología a través de aplicaciones móviles, Internet y algoritmos para ofrecer soluciones rápidas, accesibles y digitales, buscando democratizar el acceso al sector financiero y competir con la banca tradicional; están reguladas desde 2018 y supervisadas por la CNBV. Por su parte, los neobancos son entidades financieras 100% digitales que operan sin sucursales físicas, ofreciendo servicios bancarios exclusivamente a través de aplicaciones móviles y sitios web; se caracterizan por su agilidad, menores comisiones y mayor rentabilidad; asimismo, están regulados por la CNBV.
La ENIF pasó de documentar un sistema financiero tradicional y limitado, a registrar un ecosistema digitalizado, masificado por el Gobierno y diversificado por nuevas tecnologías, convirtiéndose en una herramienta muy útil de medición y análisis que permite ver el trabajo que hay por hacer y la existencia de grandes retos que atender, tales como los siguientes:
Las oportunidades clave para los oferentes de productos financieros se enfocan en la tecnología, digitalización (fintech), productos personalizados a la medida de las necesidades de los clientes o enfocados en la solución de algún problema específico y a bajo costo, sobre todo para grupos vulnerables; esto incluye pagos digitales, seguridad, protección de datos, confianza en las instituciones, educación financiera temprana, bancarización rural y servicio al cliente.
Dada la importancia y relevancia de la inclusión financiera en México, el enfoque actual, guiado por iniciativas como la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025-2030, busca transformar el acceso a servicios formales en México, priorizando la digitalización, la reducción del uso de efectivo y el bienestar de grupos históricamente excluidos.
Esta estrategia abarca 125 líneas de acción para fomentar el ahorro, crédito y seguros, con un enfoque en igualdad de género y educación financiera conductual; además, cuenta con pilares y objetivos centrados en:
Esta política integral busca que los productos financieros sean útiles y mejoren la calidad de vida de los usuarios a través de la coordinación de autoridades y el sector privado.
La inclusión financiera no es sólo un indicador, sino que es una vía hacia la equidad, el desarrollo y la paz social; por ello, se debe hacer uso de servicios formales, adoptar la banca digital, participar en programas de educación financiera y, sobre todo, creer en el valor de la formalización como camino a la estabilidad y el crecimiento del país.
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