En este contexto, el Banco de México explica que el costo financiero constituye una obligación ineludible para preservar la estabilidad macroeconómica y la confianza de los mercados, aun cuando no genere bienes o servicios públicos directos. Por lo tanto, su análisis permite dimensionar el grado en que el presupuesto público está condicionado por decisiones fiscales pasadas y por variables externas como las tasas de interés.
En primer lugar, el Banco de México plantea que el comportamiento del costo financiero de la deuda está determinado fundamentalmente por la interacción entre el saldo histórico de la deuda y el nivel de las tasas de interés. En consecuencia, incluso en ausencia de incrementos significativos en el endeudamiento, un entorno de tasas elevadas puede traducirse en un aumento considerable del gasto destinado al pago de intereses.
Asimismo, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) documenta que el crecimiento del costo financiero en 2026 responde a un efecto combinado entre el aumento del endeudamiento acumulado y el encarecimiento del financiamiento. En este sentido, el refinanciamiento de vencimientos a tasas superiores ha generado un incremento sostenido en el servicio de la deuda.
Por otra parte, el Banco de México advierte que la estructura de la deuda pública, particularmente su perfil de vencimientos, influye directamente en el costo financiero. En consecuencia, una concentración de vencimientos en el corto plazo obliga a refinanciar en condiciones menos favorables, incrementando la presión sobre el gasto público.
De manera específica, la SHCP señala que el costo financiero presenta una alta concentración en el Gobierno federal a través del ramo 24, el cual alcanza aproximadamente 1.3 billones de pesos en 2026, lo que representa la mayor proporción del total. Este componente refleja directamente el tamaño del endeudamiento soberano y su exposición a las condiciones del mercado.
En contraste, el CEFP destaca que el costo financiero asociado a Petróleos Mexicanos (Pemex) muestra un crecimiento significativo, pasando de alrededor de 147.9 mil millones de pesos en 2025 a 190.8 mil millones en 2026, lo que implica un incremento cercano al 29%. Este comportamiento evidencia no sólo el nivel de endeudamiento de la empresa, sino también sus limitaciones estructurales para generar ingresos suficientes.
Por su parte, la SHCP indica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presenta un aumento en su costo financiero del 24.7%, al pasar de aproximadamente 38.5 mil millones de pesos a 48.0 mil millones. Aunque su participación es menor en términos absolutos, su dinámica de crecimiento es relevante desde la perspectiva de riesgos fiscales.
En este sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) argumenta que el comportamiento del costo financiero de las empresas productivas del Estado introduce un componente adicional de vulnerabilidad, ya que sus pasivos pueden trasladarse al balance público; por lo tanto, la sostenibilidad fiscal depende no sólo del manejo de la deuda soberana, sino también del desempeño financiero de estas entidades.
Adicionalmente, la SHCP destaca que la composición de la deuda (particularmente entre interna y externa) influye en la sensibilidad del costo financiero. Sobre esto, una mayor proporción de deuda interna reduce riesgos cambiarios, pero incrementa la exposición a las tasas de interés domésticas.
Por su parte, el Banco de México señala que la transmisión de la política monetaria hacia el costo financiero es gradual; sin embargo, conforme se renuevan los instrumentos a tasas más altas, el impacto se materializa en el presupuesto, generando presiones persistentes en el corto y mediano plazo.
En este contexto, el CEFP advierte que el incremento del costo financiero también está vinculado con la dinámica del déficit público. Un mayor déficit implica mayor financiamiento, lo que incrementa el saldo de la deuda y eleva el pago de intereses, reforzando su carácter acumulativo. Aunado a esto, el IMCO argumenta que la gestión activa de la deuda, mediante estrategias de refinanciamiento, diversificación y manejo de plazos, puede mitigar parcialmente el crecimiento del costo financiero, aunque no elimina su presión estructural.
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que el crecimiento del costo financiero tiene efectos directos sobre la calidad del gasto público. A medida que este rubro absorbe recursos crecientes, se reduce la disponibilidad de inversión pública, afectando el crecimiento de largo plazo.
En cuanto al entorno macroeconómico, el Banco de México estima un crecimiento cercano al 1.6%, mientras que la OCDE lo proyecta en un 1.4%, lo que implica un escenario de ingresos públicos moderados. Bajo este contexto, el costo financiero adquiere mayor relevancia como factor de presión presupuestaria.
Desde esta perspectiva, la SHCP reconoce que el costo financiero puede generar un efecto acumulativo, en el cual el endeudamiento incrementa el pago de intereses, lo que, a su vez, limita la capacidad fiscal futura. En consecuencia, el CEFP plantea que el costo financiero debe analizarse como parte del gasto rígido, junto con otros componentes como las pensiones. Ambos rubros reducen la flexibilidad presupuestaria y condicionan la política fiscal.
Adicionalmente, el Banco de México advierte que el incremento sostenido del costo financiero puede afectar la percepción de riesgo de los mercados, lo que se traduce en mayores tasas de interés y en un encarecimiento adicional del financiamiento.
Asimismo, el IMCO subraya que el costo financiero constituye un indicador clave de la sostenibilidad fiscal, ya que su crecimiento limita la capacidad del Estado para financiar políticas públicas y responder a choques económicos.
La SHCP sostiene que el costo financiero de la deuda representa uno de los principales factores de presión sobre el presupuesto público en 2026. Su magnitud, cercana a 1.6 billones de pesos, lo posiciona como un componente central del gasto. Aunado a esto, el Banco de México explica que su evolución está determinada tanto por el endeudamiento como por las condiciones monetarias, lo que limita la capacidad de control en el corto plazo.
Por su parte, la OCDE advierte que, en un entorno de crecimiento moderado, este rubro puede comprometer la estabilidad fiscal si no se acompaña de una estrategia de consolidación. En consecuencia, el IMCO concluye que el principal reto no es sólo el nivel de la deuda, sino el costo de sostenerla. Finalmente, el CEFP señala que el manejo del costo financiero será determinante para preservar el margen de acción del Estado en el futuro.
Con base en el Paquete Económico 2026, se estima que los ingresos presupuestarios del sector público alcancen aproximadamente 8.7 billones de pesos.
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