Socio de Auditoría
en BHR Enterprise México, S.C.
La reforma tiene como eje central la implementación de un sistema productivo y de consumo que optimice la vida útil de los productos y reduzca la generación de residuos; asimismo, la finalidad es abandonar el modelo lineal (fabricar-utilizar-tirar) para transitar hacia un modelo en donde cada etapa del ciclo de vida del bien (desde su diseño hasta su disposición final) se oriente al aprovechamiento continuo de los materiales.
La economía circular no debe considerarse como una estrategia ambiental; lo ideal es que sea una decisión económica, empresarial y social de largo plazo, la cual pueda posicionar a México como un país competitivo frente a los nuevos estándares internacionales en materia de sostenibilidad y responsabilidad corporativa.
La ley establece un marco normativo para construir una infraestructura circular a nivel nacional, con enfoque transversal y multisectorial. Los principales objetivos son:
El espíritu de la ley se basa en principios como precaución, progresividad, trazabilidad, eficiencia, diseño modular y consumo responsable, promoviendo la regeneración de los ecosistemas y el desarrollo económico sostenible.
La implementación de la referida ley conlleva un cambio profundo en la manera en que las entidades mexicanas deberán operar, especialmente en el sector industrial, manufacturero, comercial y de logística.
Las empresas deberán diseñar un plan de gestión circular que integre aspectos funcionales, económicos, ambientales y sociales; registrar dicho plan ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y renovarlo periódicamente conforme a la normatividad; implementar mecanismos directos de circularidad (reciclaje, reparación, reacondicionamiento o remanufactura); utilizar materias primas secundarias, así como minimizar el uso de recursos naturales vírgenes; y firmar convenios de concertación con autoridades para definir metas por sector o categoría de producto.
El Distintivo Nacional de Economía Circular será una herramienta clave para identificar productos circulares y su obtención brindará beneficios tangibles en contrataciones públicas y posicionamiento comercial. No obstante, los riesgos del incumplimiento recaen en la pérdida de esta certificación y de beneficios fiscales, multas administrativas por omitir el registro o incumplir metas, restricciones para vender a gobiernos y organismos regulados, así como el deterioro de la imagen institucional ante consumidores e inversionistas.
La supervisión y coordinación recaerá en el Sistema Nacional de Economía Circular, presidido por la Semarnat y conformado por secretarías federales como las de Economía, Hacienda, Energía, Infraestructura y Educación. Los gobiernos estatales y municipales deben promover, capacitar, evaluar e incluso sancionar conforme a sus competencias.
Uno de los ejes transversales de esta ley es el cambio cultural y educativo. Para garantizar la transición hacia una economía verdaderamente circular, se establecen medidas específicas para:
Asimismo, de forma destacada, la ley reconoce y visibiliza el papel de las personas recicladoras de base (pepenadores), integrándolos a modelos de reciclaje inclusivo como actores fundamentales del ecosistema circular.
El país se alinea con marcos internacionales como el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Acuerdo de París y convenios internacionales sobre residuos peligrosos y comercio verde. Ahora bien, los beneficios esperados para México serían los siguientes:
Las entidades rezagadas o que no implementen la ley podrían quedar fuera de cadenas de suministro globales, sufrir pérdida de competitividad ante socios comerciales con regulaciones ambientales estrictas y el riesgo reputacional frente a consumidores que valoran la responsabilidad ecológica.
La Ley General de Economía Circular no es una tendencia ni una moda; es una estrategia para asegurar la viabilidad del modelo económico mexicano en el siglo XXI. Se enfrentan a desafíos ambientales sin precedentes, pero también a oportunidades para la innovación, la diferenciación y la resiliencia empresarial.
No se trata sólo de cumplir la norma, sino de mejorar modelos de negocio que generen valor económico y ambiental de forma simultánea.
La gestión de riesgos y la sostenibilidad garantizan la rentabilidad de las organizaciones, su legitimidad social y su contribución a un entorno resiliente.
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Compartir un desacuerdo con el jefe puede ser la oportunidad para aportar más valor a la empresa, o bien, el inicio de una relación laboral incómoda.
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La NIS A-1 y B-1 del CINIF están diseñadas para fortalecer el gobierno corporativo y asegurar una gestión más transparente y responsable en las empresas.
Orlando Garciacano Cárdenas
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