En este contexto, es fundamental comprender la relevancia y funcionamiento de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS, por sus siglas en inglés), las cuales permiten alinear la gestión contable gubernamental mexicana con las mejores prácticas globales.
En 2011, México realizó una reforma constitucional significativa, reconociendo los derechos humanos como universales, indivisibles y progresivos. Este avance se refleja en el artículo 1.º de la Constitución, el cual establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales que el Estado mexicano suscriba. Por todo esto, los convenios internacionales adquieren un papel preponderante dentro del marco legal nacional.
Las normas que rigen el actuar gubernamental pueden surgir de múltiples fuentes, incluyendo tratados, convenciones y resoluciones de organismos internacionales.
Estas normas en México tienen como objetivo principal promover la transparencia en la rendición de cuentas, así como facilitar el registro, presentación y valuación económica de las finanzas en empresas públicas y paraestatales. Estas regulaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB), permiten a las entidades públicas alinear su contabilidad con estándares internacionales.
Según la Federación Internacional de Contadores (IFAC), hasta 2024 se han emitido 40 normas, abordando temas como la presentación de estados financieros (IPSAS 1), flujos de efectivo (IPSAS 2), ingresos (IPSAS 9 y 23), activos tangibles e intangibles (IPSAS 17 y 31), así como provisiones y pasivos contingentes (IPSAS 19).
La adopción de estas normas es clave para la gobernanza eficaz, ya que permite la comparabilidad internacional de datos financieros, fortalece la credibilidad nacional y facilita el acceso al financiamiento externo, todo dentro de un marco de cooperación internacional.
Diversos actores participan en la emisión de estas normas, entre los que destacan los Estados, organismos internacionales, cortes y tribunales internacionales, así como asociaciones regionales. No existe una cantidad fija de estas regulaciones, ya que las normas evolucionan conforme surgen nuevas necesidades globales; sin embargo, pueden clasificarse en:
Estas normas y convenciones son esenciales para fortalecer la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en la gestión pública, así como estandarizar la contabilidad y auditoría gubernamental, fomentando la confianza ciudadana y la colaboración internacional.
Organismos como la ONU, la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), la OCDE, el Banco Mundial y entidades nacionales emiten resoluciones y recomendaciones que inciden en la política contable gubernamental. Ejemplos son resoluciones sobre las ISSAI, recomendaciones sobre transparencia, gobernanza pública, mejora de la gestión financiera y el uso de tecnologías en la contabilidad pública.
Estas directrices refuerzan los sistemas de control fiscal y auditoría, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo a la modernización de la administración pública.
La aplicación de estas regulaciones se realiza mediante varios mecanismos, dependiendo del marco legal de cada país:
La INTOSAI, en este sentido, ocupa un rol relevante en México, proporcionando un marco de referencia, fortaleciendo la transparencia, promoviendo la capacitación y asegurando la mejora continua de la fiscalización gubernamental.
La Declaración de Lima, firmada en el 9.º congreso de la INTOSAI de 1977, es considerada “la carta magna de la auditoría gubernamental”. Establece los principios fundamentales del control público, avalados por la ONU a través de resoluciones orientadas al fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superiores.
El propósito central de esta declaración es exigir una auditoría independiente, considerando el Estado de derecho y el régimen democrático como condiciones esenciales para garantizar la independencia de la auditoría gubernamental.
Por su parte, el Colegio de Contadores Públicos de México, aunque no tiene facultades normativas equiparables a organismos gubernamentales, juega un papel clave en la difusión de principios y normas éticas, así como en la formación continua de los profesionales de la contaduría pública, colaborando con el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad (CINIF).
Las normas internacionales gubernamentales son esenciales para la contaduría, pues promueven la transparencia y una rendición de cuentas precisa, fortaleciendo el funcionamiento gubernamental. Ejemplos como las IPSAS e ISSAI ofrecen marcos estandarizados para optimizar la gestión de recursos públicos. Su adopción mejora la calidad de la información financiera, previene la corrupción y fortalece la eficiencia en el uso de recursos, facilitando la comparabilidad internacional y el acceso a mejores condiciones de financiamiento.
Por todo esto, la integración de estas normas refuerza el marco institucional, fomenta la cooperación global y promueve valores como la equidad y el respeto a los derechos humanos, impulsando la mejora continua de los sistemas administrativos y una gobernanza eficaz orientada al bienestar social.
Los errores en los dictámenes periciales, como el incumplimiento de leyes y reglamentos, tienen un efecto en la utilidad para los procesos judiciales.
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