Socio de Auditoría
en BHR Enterprise México, S.C.
El crecimiento económico sostenible de las entidades públicas y privadas exige una distribución equitativa de beneficios y oportunidades entre los distintos grupos; esto implica garantizar condiciones laborales dignas para los ciudadanos y colaboradores, acceso a la educación y salud, equidad de género, respeto a los derechos humanos y fortalecimiento de la cohesión social. El desarrollo de las comunidades no debe centrarse únicamente en indicadores económicos, sino también en la mejora efectiva del bienestar de las personas.
El fortalecimiento de los aspectos sociales en las estrategias sostenibles requiere mecanismos para empoderar a las personas, reducir las brechas de desigualdad y establecer políticas públicas que permitan a la ciudadanía y la sociedad participar activamente. Las políticas públicas establecidas por el Gobierno mexicano, así como las regulaciones y procedimientos establecidos por las entidades, fortalecerán el capital social, la protección de grupos vulnerables y la creación de redes de colaboración entre gobiernos, empresas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la sociedad civil.
En las entidades privadas, el enfoque hacia la sostenibilidad se traduce en políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), inversión social privada, modelos de negocio inclusivos y prácticas laborales que respetan los derechos de los trabajadores. El Acuerdo de París y la Agenda 2030 consideran el aspecto social, pero las iniciativas como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la norma ISO 26000 han establecido marcos para la acción responsable desde el sector privado.
Lo anterior tiene el objetivo de que las organizaciones adopten la sostenibilidad como una forma de crecimiento y colaboren en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, entre los que destacan la reducción de la pobreza, salud y bienestar, igualdad de género y trabajo decente.
Los indicadores o métricas establecidos por el Estado y el gobierno corporativo de las entidades deben buscar la estandarización de la evaluación de aspectos como la equidad, la inclusión, el diálogo social y la protección de los derechos humanos. Los principales aspectos que deben observarse son:
Obtener indicadores sobre estos campos permite a las entidades identificar áreas de mejora, establecer metas sociales concretas y tener avances de forma transparente; todo lo anterior en alineación con los estándares como los del Global Reporting Initiative (GRI) y los ODS.
Como ejemplo de la dimensión socioeconómica de la sostenibilidad, las entidades mexicanas deben implementar iniciativas orientadas a mejorar el bienestar de sus colaboradores y de las comunidades donde establecen sus instalaciones (fábricas o puntos de venta).
En términos de inclusión y condiciones laborales, se deben ofrecer salarios competitivos, programas de salud física y emocional, así como esquemas de desarrollo profesional. Para implementar programas que brinden a los colaboradores acceso a asesoría médica, psicológica y nutricional que contribuya al bienestar integral, es esencial que las entidades identifiquen, analicen y prevengan factores de riesgo psicosocial y promuevan un entorno organizacional favorable, es decir, cumplir con lo establecido en la NOM-035.
En la dimensión comunitaria, la entidad debe colaborar con organizaciones civiles para llevar a cabo programas de apoyo alimentario, reforestación y desarrollo de capacidades en zonas vulnerables, todo ello con la participación activa de los colaboradores en labores comunitarias, a fin de generar un sentido de pertenencia y responsabilidad social. Sumado a ello, algunas entidades crean fundaciones para mejorar la calidad de vida, promover la educación, fomentar la salud, así como la sostenibilidad en todas sus dimensiones.
Además, se sugiere evaluar regularmente el desempeño mediante indicadores alineados a las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) y llevar a cabo informes anuales de este tema con resultados verificables, lo que contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas. Estas acciones pueden tener como consecuencia la atracción de inversionistas, clientes y acceso a tasas de financiamiento preferenciales por parte de las instituciones financieras.
Otra práctica voluntaria que fortalece la transparencia es que un tercero valide la información de sostenibilidad mediante un trabajo de aseguramiento. Todo esto fortalece la reputación corporativa y permite consolidar relaciones sólidas con empleados, consumidores, proveedores, instituciones financieras y comunidades, demostrando que el éxito económico puede y debe ir acompañado de compromiso social genuino.
El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad (CINIF) ha emitido las NIS A-1 y B-1, las cuales establecen los Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) que permiten gestionar el desarrollo sostenible de la empresa.
Adicionalmente, el organismo ha diseñado herramientas que dan accesibilidad para cumplir con los IBSO en las entidades, sobre todo con aquellos indicadores más complejos de determinar; como ejemplo de ello, en julio de 2025 el CINIF dio a conocer la calculadora de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que permite determinar los IBSO:
Además, en agosto de 2025 se difundió la disponibilidad de una herramienta para medir el IBSO A.11, Agua ingresada proveniente de zonas de estrés hídrico, y el A.12, Uso de suelo dentro de, o cercano a, zonas de riesgo para la biodiversidad. Estas herramientas se elaboraron en español, incluyeron un manual de usuario para explicar cómo deben ser usadas, se pueden emplear por cualquier entidad (independientemente de su tamaño o estatus legal) y permiten gestionar la información para determinar de manera confiable los seis indicadores citados.
Esta información, al ser comparada en 2026, permitirá identificar el incremento o disminución de los indicadores, así como riesgos y oportunidades que ayudarán a las entidades a tomar decisiones para mitigar los impactos negativos en los estados financieros.
La dimensión socioeconómica de la sostenibilidad constituye un eje fundamental para lograr un desarrollo equilibrado. No basta con proteger el medio ambiente o asegurar el crecimiento económico; es necesario que estos avances beneficien de forma justa a todos los sectores de la sociedad y a los colaboradores en las empresas.
Las entidades pueden convertirse en organizaciones más humanas, resilientes e inclusivas, a través del fortalecimiento de aspectos sociales, la aplicación de indicadores claros (como los IBSO), la utilización de las herramientas diseñadas y dadas a conocer por el CINIF, y la implementación de acciones concretas.
Las empresas deben implementar modelos de corresponsabilidad a través de políticas inclusivas y sostenibles con perspectiva de género como eje de innovación.
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