Para el ejercicio de la contaduría pública, esta reflexión resulta particularmente relevante. La profesión se encuentra en el centro del ecosistema de confianza de cualquier organización, ya que, en su ejercicio, da fe de que las cifras reflejan la realidad económica del negocio. Cuando esa confianza se rompe, las consecuencias trascienden con creces el ámbito contable.
Existe una brecha significativa entre la ética declarada y la vivida. Una organización puede contar con un código de ética robusto, una línea de denuncia sofisticada y comités formalmente constituidos; sin embargo, si los miembros del consejo de administración toleran conflictos de interés, si el grupo directivo presiona por resultados a cualquier costo, o bien si los mandos medios premian la lealtad por encima de la honestidad, todo ese andamiaje normativo se convierte en letra muerta.
En la práctica, la ética organizacional se manifiesta de arriba hacia abajo (tone at the top) y se replica en cascada, ya que es el consejo de administración quien marca la pauta en cuanto a ética se refiere, esto a partir de sus decisiones estratégicas, sus nombramientos y la manera en que exige rendición de cuentas; el grupo directivo la traduce en criterios de gestión y la gerencia media la materializa en el día a día operativo. Cuando alguno de estos eslabones falla, la cadena ética se rompe. Como ejemplos concretos, se puede plantear:
Estas conductas no se documentan en ningún código de ética, pero definen la cultura real de la organización.
Si se revisan los grandes escándalos corporativos de las últimas tres décadas, desde el caso Enron y WorldCom hasta Wirecard, se encuentra un patrón recurrente: en el corazón del fraude existía una distorsión deliberada de la información financiera, es decir, cifras infladas, pasivos ocultos, ingresos ficticios y estrategias contables diseñadas para aparentar una realidad que no existía.
Estos casos obligan a los contadores al autoanálisis, debido a que en muchos de ellos los profesionales de la contabilidad, ya sea por acción, omisión o presión, participaron directa o indirectamente en la construcción de esa narrativa financiera falsa; algunos prepararon los estados financieros fraudulentos, otros los auditaron sin la debida diligencia y otros más callaron cuando debían alzar la voz.
El triángulo del fraude nos enseña que, para que un acto fraudulento ocurra, se requieren tres elementos: presión, oportunidad y racionalización. Cuando un entorno de gobierno corporativo débil proporciona la oportunidad y una cultura organizacional permisiva, se facilita la racionalización (“es contablemente permitido”, “es temporal”, “todos lo hacen”, etc.); el terreno está fértil para el fraude; y las primeras trincheras donde se libra esa batalla son los estados financieros.
Frente a este panorama, es válido preguntarse: ¿cuál es el verdadero rol del contador público dentro del gobierno corporativo y la ética empresarial? La respuesta va más allá de elaborar y presentar estados financieros a partir de las Normas de Información Financiera (NIF) o emitir dictámenes conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
El contador público tiene una responsabilidad fiduciaria con la sociedad. Cuando se firma un dictamen, se presentan cifras a un consejo de administración o se diseña una estructura de control interno, se asume un compromiso que trasciende la relación entre el contador y el empleador (o cliente), es decir, se respalda con una firma profesional que la información es confiable; inversionistas, acreedores, empleados, autoridades fiscales y la comunidad en general confían en esa firma.
Lo anterior coloca a la profesión en una posición privilegiada, pero también incómoda. Ser guardián de la integridad financiera implica, en ocasiones, decir lo que nadie quiere escuchar: que las proyecciones son irreales, que una transacción no tiene sustancia económica, que los controles son insuficientes o que las cifras no resisten un análisis riguroso. Es ahí donde la ética deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una decisión personal y profesional concreta.
Hay una dimensión adicional que no debe ser ignorada: la ética no es sólo un imperativo moral, sino que se ha convertido en un factor de sostenibilidad y competitividad empresarial. En un entorno donde la información fluye en tiempo real por las redes sociales, los reguladores endurecen sus marcos normativos y los inversionistas institucionales evalúan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) antes de asignar capital; asimismo, las fallas éticas se pagan con una velocidad y una severidad sin precedentes.
La reputación corporativa, construida durante años, puede destruirse en semanas cuando trasciende un escándalo de corrupción o fraude contable. Las multas regulatorias, las demandas colectivas, la pérdida de clientes y la fuga de talento son sólo la parte visible del impacto. En el fondo, lo que se pierde es algo mucho más difícil de reconstruir: la confianza.
Reconocer el problema es sólo el primer paso. Los contadores públicos tienen la capacidad y la obligación de ser agentes de cambio en las organizaciones donde sirven. Esto implica, entre otras cosas:
La ética en el gobierno corporativo no es un tema de moda ni un requisito más que sólo debe ser cumplido; es la base sobre la cual se construye o, en el peor de los casos, se destruye la confianza que sostiene a las organizaciones, a los mercados y, en última instancia, a la sociedad. Los contadores públicos no son espectadores de esta realidad, sino protagonistas.
Cada vez que se elige la integridad sobre la conveniencia, que se cuestiona una cifra que no cuadra y que se antepone la responsabilidad profesional a la presión de un superior, se hace algo más que sólo cumplir con el código de ética, pues se defiende el propósito fundamental de la profesión contable y eso, en tiempos donde la confianza es el activo más escaso, no es poca cosa.
Es necesario un código de ética en un entorno donde la IA se integra de forma acelerada y los riesgos se traducen en errores y crisis reputacionales.
Víctor Miguel Morales GonzálezLas transacciones que afectan a una entidad deben reconocerse contablemente con base en su sustancia económica, prevaleciendo sobre su forma jurídica.
Juan Carlos Bojorges PérezEl Código de Ética Profesional se ha ido actualizando para responder a las tendencias y necesidades nacionales e internacionales de la contaduría pública.
Edgar Alejandro Romero León, Adriana Berenice Villagómez PalattoLa integridad en auditoría se refuerza con normas éticas que prohíben participar en decisiones que comprometan la objetividad y creen conflictos de interés.
Baldomero Juárez Padrón, Tannia Elisseth Cortés Pastrana© 2026 Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
Directorio Contacto Aviso legal Acerca de VeritasInicia sesión o suscríbete para continuar leyendo.