Docente y Tutor
en Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.
De acuerdo con la información oficial, su finalidad es fortalecer la vida en comunidad, mejorar la calidad de vida, reducir desigualdades, cuidar el ambiente y preparar a la ciudad frente a riesgos y emergencias; sin embargo, por la amplitud de sus objetivos, el primer problema del plan es que corre el riesgo de prometer más de lo que institucionalmente puede garantizar.
Aunado a lo anterior, el proyecto sometido a consulta pública se presenta como una apuesta por una ciudad incluyente, habitable y con enfoque socio-territorial; no obstante, una lectura crítica obliga a preguntarse si esa narrativa de futuro realmente se traduce en prioridades operativas, o bien si permanece en un nivel aspiracional donde los grandes principios conviven con la ausencia de definiciones concretas sobre ritmo, secuencia y capacidad de ejecución.
En lo relativo al desarrollo social, el plan reconoce la persistencia de desigualdades y la necesidad de colocar a las personas y los derechos en el centro de la acción pública. Ese diagnóstico es correcto, pero insuficiente. El problema no radica en admitir que existen brechas territoriales, sino en demostrar cómo se cerrarán en una ciudad donde históricamente el acceso a vivienda, servicios, movilidad y espacio público ha sido profundamente desigual; por ello, el discurso incluyente sólo será creíble si logra traducirse en decisiones redistributivas verificables y no únicamente en formulaciones normativamente deseables.
De igual forma, el énfasis en bienestar, inclusión y derechos puede terminar debilitado si no se reconoce que la desigualdad urbana en la CDMX no es un efecto secundario, sino una característica estructural del modo en que se ha producido y gestionado el territorio. En consecuencia, hablar de justicia social en el Plan General de Desarrollo exige algo más que ampliar la cobertura institucional, pues exige corregir asimetrías espaciales acumuladas, lo cual supone decisiones políticamente costosas y complejas que el documento, al menos en su presentación general, no termina de resolver con suficiente precisión.
Por otra parte, el componente ambiental aparece como uno de los ejes más relevantes del plan, lo cual resulta pertinente en una metrópoli marcada por vulnerabilidades climáticas, presión sobre el agua, deterioro territorial y exposición a riesgos; sin embargo, también surge una tensión evidente, pues dicho plan reconoce la centralidad del ambiente, pero la ciudad sigue enfrentando inercias urbanas y patrones de crecimiento que históricamente han subordinado la sustentabilidad a la expansión, la obra pública o la presión inmobiliaria.
En ese sentido, la pregunta crítica no es si el ambiente está mencionado, sino si realmente condicionará las decisiones urbanas futuras. En esta misma línea, la consulta pública incorpora temas como vivienda sostenible, territorio, transformación urbana y derechos colectivos. Ello revela una comprensión más amplia del problema urbano; no obstante, también deja ver que el plan pretende responder a demasiados frentes al mismo tiempo.
Cuando un instrumento de planeación quiere abarcarlo todo (inclusión, ambiente, territorio, resiliencia, democracia y derechos), corre el riesgo de perder jerarquía estratégica; por consiguiente, el principal desafío no es sumar objetivos, sino establecer cuáles son realmente prioritarios y cuáles serán los costos de postergar unos sobre otros.
Ahora bien, en el plano urbano, el gobierno de la CDMX ha señalado que este proyecto orientará decisiones públicas y el uso del presupuesto durante 20 años. Esa afirmación le da al documento una enorme relevancia institucional, pero también eleva el estándar con el que debe evaluarse. Un plan de esta magnitud no puede quedarse en lenguaje de visión o principios; debe ofrecer una ruta clara para enfrentar conflictos inevitables entre densificación, vivienda, conservación ambiental, infraestructura, movilidad y equilibrio territorial; de lo contrario, más que ordenar el crecimiento urbano, podría convertirse en una referencia general incapaz de disciplinar las decisiones del presente.
Aunque el eje principal del plan no es financiero, su viabilidad depende de soporte presupuestario continuo. El Presupuesto de Egresos de la CDMX para 2025 establece que el ejercicio del gasto debe observar criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, evaluación del desempeño y rendición de cuentas.
A ello se suma que el paquete presupuestal de 2025 se presenta como parte de una visión de ciudad más humana y sostenible; no obstante, entre esa narrativa presupuestal y la implementación real del programa existe una brecha potencial: sin continuidad sexenal, prioridades estables y capacidad institucional, la planeación de largo plazo puede quedar subordinada al ciclo político anual.
Aunado a lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera recuerda que el manejo de las finanzas públicas debe sujetarse a criterios de sostenibilidad. Aunque este punto no reduce el objetivo a una lógica hacendaria, sí introduce un límite relevante: no todo objetivo social, ambiental o urbano puede asumirse como automáticamente realizable.
En otras palabras, el verdadero reto del plan no es formular una ciudad deseable, sino compatibilizar esa visión con restricciones materiales, administrativas y presupuestarias, las cuales suelen ser mucho más duras que la narrativa de los documentos estratégicos.
Por otro lado, la dimensión participativa del proceso es uno de sus aspectos más defendibles. La consulta pública abierta en la plataforma Plaza Pública muestra la intención de incorporar observaciones de la ciudadanía, organizaciones y comunidades; sin embargo, una valoración crítica exige distinguir entre participación consultiva y capacidad real de incidencia. La existencia de un proceso participativo fortalece la legitimidad de origen del programa, pero no garantiza por sí misma que las propuestas sociales se traduzcan en decisiones vinculantes o en modificaciones sustantivas del modelo de ciudad.
Ahora bien, el mayor mérito del plan es también su mayor riesgo, ya que intenta articular justicia social, sustentabilidad ambiental y ordenamiento urbano dentro de una sola visión estratégica. Esa ambición es valiosa y necesaria en una metrópoli como la CDMX; no obstante, cuando una estrategia busca resolver simultáneamente demasiados problemas estructurales, su debilidad puede estar en la ejecución concreta; por ello, será juzgada menos por la amplitud de su lenguaje y más por su capacidad para producir decisiones incómodas, sostenidas y medibles en el tiempo.
El Plan General de Desarrollo de la CDMX 2025-2045 representa una oportunidad real para replantear el futuro urbano de la capital, pero también exhibe la fragilidad habitual de los grandes instrumentos de planeación, dado que pueden convertirse en referentes transformadores o en catálogos de aspiraciones difíciles de materializar. De acuerdo con la propia presentación oficial, su alcance es estructural; por ello, el juicio crítico sobre el programa no debe centrarse en la nobleza de sus fines, sino en la claridad de sus prioridades y en la consistencia de sus mecanismos de implementación.
La pregunta de fondo no es si la CDMX necesita una visión de largo plazo (evidentemente la necesita), sino si este plan tiene la fuerza institucional, política y operativa para ordenar decisiones públicas durante 20 años. Si logra vincular participación, territorio, ambiente, derechos y presupuesto con criterios claros de prioridad, podría ser una herramienta de transformación. Si no lo hace, corre el riesgo de convertirse en una carta de buenas intenciones con escasa capacidad para modificar las inercias urbanas que pretende superar.
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