Los delitos económicos (que incluyen corrupción, soborno, lavado de dinero, evasión fiscal y fraude) plantean un riesgo importante para la seguridad de las economías mundiales; corrompen las instituciones y los mercados financieros; reducen el desempeño económico; asimismo, socavan la integridad, la reputación del país y su economía.
Mientras tanto, una serie de investigaciones derivadas de filtraciones de datos, que van desde los Papeles de Panamá en 2017, los archivos de la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) en 2020 y, recientemente, los Papeles de Pandora en 2021, han demostrado que los sectores financieros e inmobiliarios siguen siendo grandes imanes para el delito de lavado de dinero, siendo las empresas registradas en distintos países el vehículo elegido por los delincuentes de todo el mundo.
En estas filtraciones resaltan las graves consecuencias para la reputación, pues el Departamento del Tesoro de EUA las clasifica como jurisdicciones de mayor riesgo (según filtraciones de la FinCEN). Debido al tamaño y alcance global de las instituciones financieras, los sectores jurídico y contable las convierten en un rubro altamente atractivo para invertir y hacer negocios.
Un caso particular es Gran Bretaña, donde los sectores son vitales para el país y representan 12% del valor generado en su economía. Sin embargo, décadas de desregulación, sumadas a la laxitud con las que se aplican las normas que se tenían, han creado un entorno en el que los delitos económicos están en su apogeo.
Se podría decir que, sin darse cuenta, la comunidad internacional ha sido cómplice del financiamiento de dictadores y cleptócratas en todo el mundo. Un ejemplo de esto es el crecimiento de muchas ciudades como centros de servicios financieros y profesionales, los cuales coincidieron con el colapso de la URSS y el surgimiento de cleptocracias postsoviéticas en los años 90; con líderes corruptos y su red de oligarcas, ya sea en Rusia, China o cualquier otro lugar; desviando recursos de sus ciudadanos y privándolos de servicios esenciales como la salud y la educación.
Estos flujos económicos ilícitos se abren paso a través de los sistemas financieros globales, permitiendo a los cleptócratas lavar, almacenar y utilizar su riqueza ilegal. Lo anterior, al permitir que dichos flujos se muevan sin control y, con la ayuda de la tecnología, se diluyan en segundos.
Las élites extranjeras han aprovechado su riqueza para ejercer, influir e infiltrarse en ciertas economías, empleando mecanismos como donaciones e inversiones. La delincuencia organizada utiliza los mismos sistemas para limpiar el producto de sus ganancias derivadas del narcotráfico, trata de personas, fraude o tráfico de armas.
Asimismo, estas élites se han convertido en importantes clientes de empresas e inversionistas en activos, distorsionando (en muchos casos) el mercado inmobiliario, así como compitiendo directamente con empresas legítimas. Esto crea mayores riesgos para dichas organizaciones, pues las deja expuestas a sufrir fraude, corrupción u otros delitos económicos.
El “dinero sucio” está dañando a las economías; pues cada año se pierden millones de dólares en manos de grupos delictivos organizados. La salida ilícita de capitales es aún más perjudicial para los países en desarrollo, los cuales están muy necesitados de fondos para promover el crecimiento económico, reducir la pobreza y la desigualdad.
Los flujos financieros ilícitos pueden ser el resultado de diversas prácticas fiscales y comerciales (mercados clandestinos, corrupción y explotación) que drenan los ingresos del Estado y alimentan las actividades ilegales. Asimismo, están asociados a la violación de los derechos humanos, tal como en los casos de trata de personas y tráfico de migrantes.
Un ejemplo de lo anterior es que, cada año, miles de migrantes y refugiados exponen sus vidas cuando huyen de la violencia, los conflictos, la pobreza y los desastres climáticos. En esos casos, los migrantes deben pagar tarifas considerables a los traficantes para facilitar su viaje a través de las fronteras (en condiciones que ponen en peligro sus vidas).
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) estima que el tráfico ilícito de migrantes hacia EUA generó más de 1,100 millones de dólares al año en flujos financieros ilícitos entre 2016 y 2018; esto para los traficantes radicados en México. Dicha cifra equivale al valor de las exportaciones totales de servicios de transporte aéreo de pasajeros (de México al resto del mundo) durante el mismo periodo.
Es probable que los montos generados por los flujos financieros del tráfico de migrantes se reinviertan en mercados ilegales, alimentando la inestabilidad, la corrupción y las actividades delictivas en la región.
Entre 2015 y 2018, se estima que el tráfico de drogas (heroína, cocaína y metanfetamina) generó flujos financieros ilícitos entrantes a México por 12,084 millones de dólares (en promedio por año). Además, el tráfico de migrantes generó flujos financieros ilícitos entrantes por 1,116 millones de dólares y flujos salientes por 13.8 millones en promedio al año (entre 2016 y 2018).
El costo de los flujos financieros ilícitos es, especialmente, elevado en África y tiene repercusiones perjudiciales en el desarrollo de muchos países. Se calcula que, cada año, se pierden 88,600 millones de dólares, aproximadamente 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del continente, a causa de este delito. Esto constituye casi la misma cantidad que las entradas anuales combinadas de asistencia oficial al desarrollo e Inversión Extranjera Directa (IED).
El dinero sucio está socavando la democracia; los flujos financieros ilícitos han comenzado a infectar las políticas y servicios públicos, debilitando a las instituciones democráticas y erosionando la confianza en el sistema jurídico. Asimismo, se está dañando la reputación en las distintas jurisdicciones; el aumento de los delitos económicos pone en peligro la condición de destinos comerciales prósperos y seguros, degradando la influencia en el escenario mundial. Organismos internacionales están clasificando a distintos países como destinos de “mayor riesgo” para el lavado de dinero.
Este tipo de recursos constituyen un riesgo a la seguridad nacional y a la prosperidad. Se plantean como amenazas sistémicas y profundamente dañinas; esto a través de la prevalencia del fraude, el aumento en los casos de lavado de dinero que sustentan a la delincuencia organizada, incluido el narcotráfico, la trata de personas, entre otros.
Lo anterior refuerza la percepción de corrupción en el sector público, ejemplificado por el continuo declive de los países, así como lo muestra el último Índice de Percepción de la Corrupción en 2023.
Se necesita mayor transparencia para que los delincuentes ya no escondan su dinero detrás de fideicomisos, empresas o paraísos fiscales extraterritoriales. Además, se requiere de regulaciones inteligentes, mismas que no contengan lagunas que sean aprovechadas por dichos sujetos; se debe endurecer la aplicación de la ley, pues de ser omisos, los delincuentes seguirán operando. Asimismo, se requiere una rendición de cuentas adecuada para impedir que el dinero sucio se filtre en la política y las instituciones.
Afrontar la delincuencia económica es vital para la economía y la prosperidad. Las acciones de combate frontal a esta situación darán una visión de fortaleza al mundo, el cual dará la bienvenida a inversiones legítimas y limpias, con la confianza para montar una empresa y hacer negocios.
Reducir la elusión y la evasión fiscal es tan importante cuando todos pagan la parte justa, invirtiendo en la prestación de servicios públicos de clase mundial con una economía dinámica y sostenible. 
Dentro del marco normativo mexicano existe una serie de requisitos que debe cumplir quien desee ocupar los más altos cargos de fiscalización.
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