El Plan Maestro 2026 del SAT, el cual establece el camino para alcanzar sus metas de recaudación, menciona que buscará fortalecer el combate a la evasión fiscal, lo cual implica una mayor revisión a los contribuyentes. De manera reciente, el fisco publicó una tarjeta informativa mencionando que, en 2025, revocó la autorización a 270 donatarias debido al incumplimiento de requisitos establecidos en la ley; entre ellos, destaca la obligación de destinar los recursos a fines autorizados y presentar la documentación que lo respalde.
Con lo referido, la autoridad busca fortalecer la transparencia y brindar certeza a los donantes sobre las organizaciones receptoras. En tanto, las donatarias se enfrentan a una mayor supervisión fiscal porque operan bajo un esquema que combina beneficios fiscales, interés público y un riesgo potencial de abuso.
Un ejemplo del endurecimiento fiscal es que, hasta antes de 2026, cuando una donataria autorizada perdía esta condición, podía recuperarla de una manera relativamente sencilla, ya que se le solicitaba que regularizara su situación fiscal; no obstante, a partir de este año, eso dejó de ser así. De acuerdo con la ficha 19/ISR del anexo 2 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2026, ahora aquellas asociaciones que fueron suspendidas, además de regularizarse, deberán solicitar nuevamente la autorización, tal como lo realizaron la primera vez. Esto implica alargar el proceso entre tres y nueve meses más y, con ello, aumenta el riesgo de que no puedan recuperar la autorización.
Dentro de las 270 revocaciones de autorización, se encuentran 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que perdieron este beneficio, principalmente por no aceptarles el acreditamiento de actividades. En este aspecto, anteriormente dicho acreditamiento lo podían emitir las autoridades municipales; sin embargo, las constancias emitidas por autoridades no especializadas (incluidas algunas municipales) pueden ya no ser suficientes para acreditar actividades ante el SAT bajo los nuevos criterios.
Asimismo, se ha elevado el estándar de validación, privilegiando los documentos por autoridades especializadas, lo que provoca que algunas constancias que anteriormente fueron aceptadas ahora sean insuficientes. Muchas de estas organizaciones cumplieron con el reporte anual de transparencia y llevan años haciéndolo; no obstante, por los cambios en el criterio de acreditamiento de actividades, han perdido la autorización.
Cabe destacar que el régimen de donatarias autorizadas implica, por sí mismo, un alto nivel de exigencia en términos fiscales y administrativos. Estas organizaciones deben cumplir con informes de transparencia, la correcta documentación de sus actividades y la estricta alineación de sus recursos con su objeto social. A diferencia de otros contribuyentes, no sólo están sujetas a la supervisión fiscal, sino que también son evaluadas por el público general.
El fortalecimiento fiscal y la transparencia en estas instituciones son, sin duda, un objetivo legítimo para el combate contra la evasión fiscal que se puede dar con la simulación de operaciones y el uso indebido de las deducciones; sin embargo, es necesario encontrar un equilibrio que permita garantizar el cumplimiento sin obstaculizar la operación de las donatarias.
Un exceso de requisitos o la modificación constante de los criterios genera incertidumbre y desincentiva la participación en este régimen, afectando directamente a la sociedad; por ende, es fundamental que las políticas públicas consideren tanto el control fiscal como la viabilidad operativa de las organizaciones.
Las donatarias autorizadas representan un elemento fundamental tanto en el sistema fiscal como en el desarrollo social, puesto que canalizan recursos a actividades de interés público, mientras combinan beneficios tributarios. A diferencia de las personas morales del Régimen General, estas entidades se enfrentan a mayores exigencias en el uso de sus recursos, rendición de cuentas y el cumplimiento de las normas.
El reciente endurecimiento de la fiscalización por parte del SAT, reflejado en la revocación de autorizaciones, los criterios más estrictos de acreditación de actividades, así como la mayor complejidad para recuperar el estatus, responde a una estrategia legítima para el combate de la evasión fiscal.
Aunado a ello, ha incrementado la carga administrativa y la incertidumbre de las organizaciones. De esta manera, el principal desafío consiste en lograr un equilibrio entre el control tributario y la posibilidad operativa de las donatarias, de tal manera que se garantice el cumplimiento de la ley sin comprometer la continuidad de su labor social.
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