Si bien los fines recaudatorios no son cuestionables en sí mismos, la forma en que se instrumentan puede generar efectos adversos cuando privilegia enfoques formalistas que derivan en incertidumbre y potenciales arbitrariedades. Bajo esta tensión entre el control y la competitividad, cobra relevancia la advertencia atribuida a Maquiavelo: “Los gobernantes empiezan a perder el Estado en el momento en que empiezan a despreciar el derecho”.
En materia aduanera, ello implica que el ejercicio de las facultades de control debe sustentarse de manera concurrente e indivisible en la legalidad, la materialidad de las operaciones y su debida trazabilidad. La ausencia de cualquiera de estos elementos compromete la solidez de los actos de autoridad frente a su eventual revisión.
En los últimos meses, la legislación aduanera ha sido objeto de diversas reformas que impactan a la Ley Aduanera, su reglamento, así como a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE), sin dejar de lado la ya anunciada modificación de instrumentos clave como el Decreto para el fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) y el Programa de Promoción Sectorial (PROSEC). Estas modificaciones deben analizarse como parte de una reconfiguración integral del modelo de control y facilitación del comercio exterior.
Aunque las reformas deben evaluarse a la luz de principios como legalidad, certeza jurídica, eficiencia y transparencia, enmarcados en el derecho humano a una buena administración pública; en la práctica, algunas de estas medidas han derivado en esquemas de fiscalización que priorizan la detección de incumplimientos formales en detrimento de un análisis sustantivo basado en la materialidad de las operaciones, lo que genera tensiones con dichos principios.
Hoy, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prioriza el fortalecimiento de la fiscalización apoyada en herramientas tecnológicas, lo que ha modificado sustancialmente la forma en que se verifica el cumplimiento de las obligaciones. Tan sólo el concepto de “sistema electrónico aduanero” se menciona en 48 ocasiones en la Ley Aduanera.
En este contexto, la fiscalización ha evolucionado hacia un modelo que privilegia la detección del error mínimo como detonante de la revisión. Los resultados son claros: el SAT gasta aproximadamente 25 centavos por cada 100 pesos recaudados. En términos prácticos, esto implica que las empresas deben garantizar la consistencia entre documentos, sistemas y operaciones reales, pues cualquier discrepancia puede ser detectada mediante cruces automatizados de información.
Este modelo se apoya en la digitalización, el uso intensivo de información y la trazabilidad de operaciones, lo que le permite a la autoridad identificar inconsistencias con mayor precisión.
Desde la obligación de transmitir la Manifestación de Valor Electrónica (MVE), fundamentada en los artículos 59.° (fracción III) de la Ley Aduanera, 81.° del Reglamento de la Ley Aduanera y la regla 1.5.1 de las RGCE, hasta la integración del expediente de comercio exterior (artículo 59.°, fracción V, de la Ley Aduanera y la regla 3.1.42 de las RGCE), se refuerza la necesidad de documentar de manera integral cada operación.
La disponibilidad de esta información, en conjunto con herramientas de Inteligencia Artificial (IA), permite a la autoridad realizar cruces entre pedimentos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), anexos, MVE, registros contables, entre otros. De ahí que la falta de congruencia entre estos elementos pueda derivar en la determinación de contribuciones omitidas, la imposición de multas e incluso la suspensión de padrones o la cancelación de certificaciones.
Las reformas refuerzan la importancia de la gestión documental. El expediente de comercio exterior deja de ser un simple respaldo para convertirse en un elemento probatorio esencial ante cualquier revisión. Contratos, facturas, documentos de transporte, certificados de origen y demás soportes deben integrarse de manera coherente y estar disponibles de forma inmediata para la autoridad y, eventualmente, para el control del sistema aduanero manejado a través de IA.
Otro cambio relevante radica en el endurecimiento de los criterios relacionados con la responsabilidad de los actores en la cadena logística. Importadores, exportadores, agentes aduanales y terceros vinculados enfrentan una mayor exigencia en el cumplimiento de sus obligaciones. La correcta utilización del encargo conferido, la transmisión de información y la integración del expediente electrónico adquieren una relevancia crítica.
Asimismo, las reformas han impactado la gestión de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias (RRNA). El cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), permisos previos y certificaciones debe abordarse como parte de una estrategia integral de cumplimiento, ya que su omisión o aplicación incorrecta puede generar la detención de mercancías y costos operativos adicionales.
No obstante, el paradigma ha cambiado. Desde 2012, Pascal Lamy, entonces director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), advertía en el Informe sobre el Comercio Mundial que las RRNA podían convertirse en instrumentos que, lejos de facilitar el intercambio comercial, limitaran las oportunidades de crecimiento cuando eran utilizadas con fines proteccionistas.
México enfrenta una oportunidad estratégica con el nearshoring, pero requiere un marco regulatorio que equilibre control y competitividad.
En la actualidad del contexto mexicano, estas medidas han evolucionado hacia mecanismos de control que, lejos de ser proteccionistas, en ciertos casos priorizan objetivos de fiscalización por encima de los fines legítimos para los cuales debieron ser diseñadas.
Operativamente, uno de los puntos más sensibles es la correcta clasificación arancelaria, ya que la óptica de la autoridad ha incrementado el riesgo asociado a errores en la fracción arancelaria, lo que impacta directamente en el pago de contribuciones, el cumplimiento de las RRNA y la aplicación de preferencias arancelarias.
Desde una óptica estratégica, las empresas deben transitar de un enfoque reactivo (basado en la posibilidad de diferir el cumplimiento o impugnar actos de la autoridad) hacia la implementación de modelos de cumplimiento en materia de comercio exterior, orientados a la prevención de riesgos, la optimización de costos y el fortalecimiento de su posición frente a la autoridad.
La adopción de una cultura de cumplimiento normativo, apoyada en auditorías preventivas y en la participación coordinada de áreas como Dirección, Finanzas, Legal, Contabilidad, Recursos Humanos y Operaciones, deja de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. La operación basada en esfuerzos individuales resulta insuficiente frente a la complejidad del entorno actual.
En este sentido, es recomendable realizar la revisión periódica de operaciones, la capacitación del personal, la implementación de controles y políticas internas, las cuales resultan indispensables para asegurar la viabilidad de las operaciones de comercio exterior e incluso del negocio.
Las reformas en materia aduanera representan un cambio estructural en la forma en que las empresas deben gestionar sus operaciones. El fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización exige replantear los modelos tradicionales de cumplimiento bajo un enfoque preventivo, basado en la materialidad y la trazabilidad. La clave ya no radica en reaccionar ante las revisiones, sino en anticiparse a ellas mediante estructuras sólidas de control.
Alejandro Machorro, director de Impuestos en Mercado Libre, destaca cómo convertir la complejidad fiscal en ventaja competitiva mediante tecnología y planeación estratégica.
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Las empresas deben evaluar si los beneficios actuales del programa IMMEX son suficientes antes de solicitar su registro ante la Secretaría de Economía.
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La capitalización de pasivos permite convertir deudas con socios en capital social y fortalecer la estructura financiera sin afectar el flujo de efectivo.
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