Como resultado de lo anterior, se establece un sistema que sobrecarga al contribuyente, lo deja con incertidumbre, se generan interpretaciones equívocas y se le orilla a la informalidad. Ahí es donde entra el rol del contador público.
La ley es compleja de interpretar; por ende, el contribuyente no comprende sus obligaciones. Esta realidad se refleja en la informalidad laboral, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), más del 54% de la población trabaja en el sector informal, cifra que refleja la complejidad para incorporarse al régimen formal, problemática que tiene raíces estructurales en el propio diseño de la legislación tributaria.
Al analizar las principales regulaciones fiscales mexicanas (LISR, CFF y LIVA), es posible identificar tres deficiencias estructurales que afectan la comprensión y la aplicación práctica efectiva:
Uno de los sectores más afectados por la regulación fiscal son las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y eso resulta evidente en la LIVA, donde en su artículo 5.° se establece que este impuesto es acreditable sólo cuando ha sido efectivamente pagado. En la práctica, esto genera una trampa de liquidez porque la Pyme paga de inmediato el IVA de sus insumos, pero el corporativo al que le factura liquida a 90 o 120 días.
La empresa acumula un saldo a favor que no se materializa inmediatamente, destruye su capital de trabajo y, usualmente, es orillada a la informalidad.
Ante el marco normativo, el contador público deja de ser un simple operador de registros para tomar una posición clave y ser un consultor estratégico. Su valor e importancia radican en tres dimensiones:
Dentro de la complejidad legislativa, al no poderse resolver desde una sola organización, se debe gestionar de manera estratégica. A continuación, se presentan acciones que, coordinadas por un contador, permiten reducir la exposición de la empresa al riesgo derivado de la ambigüedad normativa:
Adicionalmente, se recomienda adoptar un modelo legal en capas: leer la ley, su reglamento y la RMF, así como los criterios normativos y jurisprudencias. Este modelo genera evidencia documentada, la cual es determinante ante cualquier revisión fiscal.
Las principales leyes fiscales buscan una cobertura jurídica exhaustiva, dejando en segundo término la claridad comunicativa, lo que genera un mayor riesgo de error, un incentivo estructural hacia la informalidad y una fuerte dependencia de asesoría especializada.
Bajo este contexto, el contador público no es un simple auxiliar administrativo, sino que ahora es el agente que convierte la comunicación jurídica en decisiones informadas, anticipa riesgos antes de que se conviertan en problemas materiales y agrega valor en cada etapa de la empresa. Su labor va desde la planeación y asesoría hasta la defensa ante la autoridad. Mientras el marco normativo fiscal mantenga su complejidad, invertir en asesoría contable no supone un gasto operativo, sino una ventaja competitiva.
La cédula profesional deja de ser identificación oficial, mientras que la CURP biométrica se consolida como el nuevo estándar de identidad en México en 2026.
Luz Berenice Trujillo Mendieta
Alejandro Machorro, director de Impuestos en Mercado Libre, destaca cómo convertir la complejidad fiscal en ventaja competitiva mediante tecnología y planeación estratégica.
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El decreto publicado el 19 de diciembre de 2025 establece estímulos fiscales para regularizar adeudos de agua, predial y multas en la CDMX.
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