Se trata de un actor fundamental en el sistema financiero mexicano y un catalizador clave para la inversión de largo plazo. Al cierre de octubre de 2025, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) gestionan recursos que ascienden a 8,179,123.9 millones de pesos y administran más de 69 millones de cuentas. Los activos bajo gestión representan el 23.3% del Producto Interno Bruto (PIB).
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha sido pionera en la normativa financiera relacionada con la incorporación de los criterios ASG. Esta regulación constituye un avance significativo para el sistema de pensiones y el sistema financiero mexicano en su conjunto. Al incorporar estos factores, la Consar busca que el SAR no sólo sea eficiente en términos financieros, sino también una herramienta para promover el desarrollo sostenible, la gobernanza corporativa sólida y la responsabilidad social.
El desarrollo e implementación de factores ASG se ha integrado gradualmente desde 2019, obligando a las Afores a evaluar el impacto no financiero de sus decisiones de inversión, además de buscar rendimientos financieros. Este marco regulatorio se estructura en cinco pilares esenciales:
Este conjunto de disposiciones ha elevado los estándares de transparencia y responsabilidad del SAR a niveles comparables con las mejores prácticas internacionales.
La iniciativa de la Consar respondió a la necesidad de alinear los portafolios de inversión con los compromisos ambientales y sociales del país, así como a la creciente demanda global por prácticas de inversión responsable. El proceso evolutivo de la normativa ASG ha marcado hitos importantes:
La entrada en vigor de esta regulación también ha permitido que las Afores desarrollen mejores prácticas en materia de sostenibilidad. Algunas administradoras son o han sido signatarias de los principios de inversión responsable. También se constituyó un cuestionario único para emisores de renta variable y deuda con el fin de homologar la información reportada en materia ASG.
Algunas Afores ya realizan esfuerzos en la determinación de la materialidad de sus inversiones, así como consideraciones ASG para la definición de su trayectoria de inversión. Aunado a esto, hay administradoras que han implementado políticas internas relacionadas con diversidad e inclusión, medio ambiente y derechos humanos, equidad de género e igualdad laboral, reducción de la huella de carbono, códigos de conducta y decálogos de integridad, entre otros.
Un aspecto fundamental de este andamiaje normativo es la reconfiguración de la relación entre el sistema financiero y la sociedad. Al hacer del SAR un motor para el cambio positivo, se promueve una mayor responsabilidad social corporativa no sólo dentro de las Afores, sino también entre las empresas emisoras. Esto se logra al obligar a considerar riesgos que van más allá del balance tradicional, tales como los riesgos climáticos, el respeto a los derechos laborales y la diversidad en los consejos de administración.
Es así como la implementación de estos factores impulsa a la industria a desarrollar capacidades de análisis más sofisticadas. Las Afores se ven obligadas a integrar análisis de riesgos no financieros en sus modelos de inversión y gestión de riesgos. Esta especialización no sólo eleva el nivel de gestión de activos en México, sino que también posiciona al SAR como un actor clave en la transición hacia una economía de bajas emisiones y socialmente inclusiva, generando un efecto cascada que permea a todo el sistema financiero.
La incorporación de criterios ASG está generando un cambio profundo en la industria de pensiones al reorientar el propósito del ahorro para el retiro hacia la seguridad financiera individual, el bienestar colectivo y la sostenibilidad del entorno.
El enfoque regulatorio no se limita a la rentabilidad, sino que considera riesgos climáticos, derechos laborales y diversidad en los consejos de administración. Este enfoque busca que el SAR sea un motor de cambio positivo.
En el capitalismo democrático, los criterios ASG representan una estrategia para reconciliar el capital con la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
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