Socio
en González, Chevez y Cía., S.C.
Esta gradualidad está prevista por la R116, Recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, emitida desde hace más de 60 años por la OIT, donde se establecen ciertos principios generales.
Se refiere a que la duración normal del trabajo debe reducirse progresivamente cuando sea apropiado, sin disminución alguna del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la jornada laboral.
Ahora bien, esta reducción no debe disminuir la producción total ni la productividad; tampoco debe poner en peligro la expansión económica del país, el desarrollo de nuevas industrias o su capacidad de competir en el comercio internacional; asimismo, esto no debe provocar presiones inflacionarias, cuyo resultado sería, en último término, la disminución de las ganancias reales de los trabajadores. Se debe lograr el progreso y beneficiarse del aumento de la productividad gracias a la aplicación de la tecnología moderna, la automatización y las técnicas de dirección que contribuyan a la mejora del rendimiento de los trabajadores.
Para la reducción progresiva de la jornada laboral, podrá adoptarse alguna de las siguientes formas:
Al aplicar medidas para reducir progresivamente la duración de la jornada de trabajo, se debe dar prioridad a las industrias y ocupaciones que entrañen un esfuerzo físico o mental especial, o bien, que contengan un riesgo para la salud de los trabajadores interesados, especialmente cuando la mano de obra empleada esté integrada por mujeres y jóvenes.
El 3 de diciembre de 2025 se presentaron dos iniciativas de reforma al artículo 123.° constitucional, en las que, de acuerdo con la exposición de motivos, se ratifica el trabajo digno y se propone que este no debe resultar en una carga psicosocial ni física excesiva para quien lo desarrolla; por lo tanto, es necesario equilibrar la actividad laboral con el descanso reparador sin estar supeditado únicamente a la productividad económica.
También se menciona que un entorno laboral saludable no sólo implica condiciones físicas adecuadas, sino también tiempos razonables de descanso que permitan la recuperación del cuerpo y la mente, la convivencia familiar y el desarrollo personal.
La exposición de motivos menciona que el exceso de horas de trabajo se traduce en mayor estrés, menor concentración, aumento de enfermedades crónicas y, en muchos casos, accidentes laborales. Contrario a la creencia de que más horas significan mayor productividad, la evidencia demuestra que las jornadas cortas, acompañadas de mejores condiciones, incrementan la eficiencia, reducen el ausentismo y fortalecen el compromiso del personal con sus empleadores.
A través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se convocó a representantes del sector privado, trabajadores, organizaciones internacionales y sociedad civil para participar en foros de discusión con la intención de generar consenso respecto a qué, cómo y cuándo se realizará la reducción de la jornada a 40 horas, es decir, la consideración de una disminución escalonada de dos horas por año (de 48 a 46, de 46 a 44, hasta llegar a 40 horas en 2030); asimismo, la discusión contempla las recomendaciones de la OIT respecto a la flexibilidad por sector.
En estos foros, el sector privado fijó su acuerdo con la propuesta, pero prioriza la viabilidad económica, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), postura que se vuelve aún más importante con la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las obligaciones que en dicho acuerdo se deben cumplir.
Por su parte, esta reforma traerá consigo la mejora en calidad de vida y salud para los trabajadores; sin embargo, el sector privado argumenta que, sin planeación, generaría una caída del 6.7% en el PIB, un aumento del 20% en costos y una mayor necesidad de personal (hasta un 15%). Ahora bien, en la discusión también se propuso la creación de una comisión tripartita que supervise y evalúe la implementación, así como que se mantenga un diálogo permanente.
Aunado a lo anterior, en la propuesta se piden incentivos como la deducibilidad de prestaciones de previsión social (actualmente no deducibles en un 47 o 53%); ajuste en la tabla de subsidios al empleo; flexibilización de esquemas laborales (jornadas diarias, semanales, quincenales o mensuales; modalidades diurnas, nocturnas e intermitentes; bancos de horas, etc.); bonos de vinculación y estímulos para la adopción de tecnología y capacitación (con deducibilidad estimada en un 25%); simplificación administrativa; tasas preferenciales o reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Sobre Nómina (ISN); y apoyos específicos a Pymes.
La propuesta pretende reformar el trabajo extraordinario para que pueda realizarse hasta en cuatro horas diarias, sin exceder de cuatro veces en el periodo de una semana, manteniéndose la retribución del 100% adicional al salario que corresponde al tiempo ordinario.
Para el caso de que sea necesario un tiempo excedente al señalado para el trabajo extraordinario, la Ley Federal del Trabajo (LFT) determinará el número de horas que corresponda, pero se establece en la Constitución que la contraprestación por esta labor será un 200% más del salario correspondiente a las horas ordinarias, permitiendo a los trabajadores aceptar más tiempo de actividad en pleno ejercicio de su voluntad, sin comprometer su relación laboral, debiendo mantener en todo momento el carácter excepcional mediante la retribución pertinente (los menores de 18 años no podrán laborar tiempo extra).
Asimismo, la iniciativa pretende la implementación del registro electrónico de la jornada de trabajo, el cual garantice la evidencia del cumplimiento de la reducción del tiempo; por lo tanto, se establecerá la obligación patronal de conservar la información que sirva como evidencia ante la autoridad laboral (ya existe en la legislación actual sin el carácter de obligatorio). Se propone, atendiendo las diferencias y capacidades de los distintos sectores, precisar el alcance y excepciones para esta obligación en las disposiciones generales que emita la STPS.
La reducción de la jornada laboral será progresiva y atenderá la situación económica del país, así como las recomendaciones de la OIT; para llevarla a cabo es necesario aumentar la productividad, aplicar tecnología moderna, automatizar procesos y mejorar las técnicas de dirección que contribuyan a la mejora del rendimiento y desempeño de los trabajadores; situaciones que están contempladas a través de los foros de discusión y en expectativa del panorama económico del país y de la renegociación del T-MEC.
A pesar de que México es miembro de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en los que se trabajan más horas promedio en el sector formal, dependerá del entorno económico e, incluso, político para acelerar la redacción y el envío de la reforma a las cámaras legislativas. Los siguientes pasos, de acuerdo con la iniciativa, son la presentación al Congreso, su discusión y aprobación, así como su entrada en vigor el 1.° de mayo de 2026.
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