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El juicio profesional conlleva la facultad de entender entre lo bueno y lo malo, cuando en el ejercicio de la profesión, se aplica el conocimiento científico adquirido en las aulas de la universidad. En una consideración general, el juicio profesional es la aplicación práctica de conocimientos, habilidades y experiencia en el área en particular que sirve para la toma de decisiones. El juicio profesional no es aplicable sólo a una o a ciertas carreras, se tiene que aplicar en general, sean contadores, abogados, ingenieros, médicos, etc.
Para la profesión contable, las Normas de Información Financiera (NIF) consideran que un contador “requiere de juicio profesional para su correcta aplicación, ya que, los conceptos generales y normas particulares que contienen sólo pueden adecuarse a las transacciones de cada entidad a través del análisis y aplicación selectiva de las mismas”. Es decir, la norma es aplicable a todas las entidades, pero éstas deben adecuarse a las necesidades particulares de cada una de ellas.
En el mismo sentido, la NIF A-1 define el juicio profesional como: “El empleo de los conocimientos técnicos y experiencia necesaria para seleccionar posibles cursos de acción en la aplicación de las NIF dentro del contexto de la sustancia económica de la operación a ser reconocida”. Derivado de esta definición, los elementos principales del juicio profesional son:
Dentro de las normas, se señala que el juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial, aplicando la cautela necesaria al hacer juicios bajo condiciones de incertidumbre, es decir, se pide ser práctico y racional frente al resultado de la información que se espera obtener. El juicio profesional contable se aplica para evitar que se genere una sobrevaluación o una subvaluación y la información generada pierda su utilidad en situaciones tales como:
Los métodos o alternativas de valuación, presentación o revelación deben elegirse adecuadamente para no afectar la información contenida en los estados financieros. Por ejemplo, al elegir el mejor método de depreciación a utilizar, considerando avances tecnológicos, desgaste o el producto que se está utilizando; otro ejemplo sería elegir la mejor forma de cumplir con las obligaciones laborales, o bien, el momento preciso para aplicar una estimación para cuentas incobrables.
Las ambigüedades que la norma pueda tener se prevén en la NIF A-8, Supletoriedad, que establece las bases y condiciones para aplicar otra que sea formal y reconocida, siempre que cumpla con los requisitos: de ser vigente, no contraponerse al marco conceptual de las NIF, ser aprobada por un organismo reconocido y cumplir con la transacción o evento que se desea suplir. Por ejemplo, en lugar de usar la norma nacional, se aplican las normas internacionales.
Sería complicado que las NIF establezcan criterios específicos para cada escenario que se dé en la práctica; el juicio profesional sirve para inferir el mejor tratamiento contable a seguir, considerando los conceptos generales contenidos en el marco conceptual que se adapte al caso particular. Por ejemplo, cuando la entidad establece garantías sobre el producto que vende, se tiene que buscar la forma de reconocer en los estados financieros el pasivo que se pudiera dar en caso de que se tenga que cumplir con las garantías ofrecidas.
Se tiene que lograr un equilibrio entre las características cualitativas de la información financiera para que ésta conserve la calidad de ser de utilidad. La información financiera para ser útil debe ser: confiable, relevante, comprensible y comparable; la información debe incluir todo lo referente a la entidad, contar con un lenguaje claro para el usuario y que sea comparable en el tiempo para una adecuada toma de decisiones.
Aplicar el juicio profesional adecuadamente implica que no sólo el responsable de la información la conozca, se debe dar a conocer a todos los involucrados de la información para el desarrollo de sus habilidades críticas (siempre con un amplio sentido ético).
No es posible hablar de juicio profesional sin considerar a la ética como parte de éste. El Código de Ética Profesional (CEP) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) considera que la responsabilidad del contador público se debe más que solamente a quien contrata sus servicios; se debe al interés público, a todas las personas que, por alguna razón, tienen una relación con la entidad. La aplicación de los cinco principios fundamentales contemplados en el CEP es muy relevante para construir un buen juicio profesional.
Para la adecuada toma de decisiones (con la imparcialidad que cada acto amerita) es importante conducirse con honradez y honestidad, opinando con argumentos actualizados y respetando la información confidencial que proporcionan los clientes para evitar cualquier comportamiento que desprestigie a la profesión.
Es en el principio fundamental de objetividad donde se pide que las opiniones emitidas por el contador sean expresadas sin prejuicios o influenciadas por un conflicto de interés que la puedan afectar, considerando que en un determinado periodo de tiempo le genere algún tipo de amenaza por el trabajo realizado. Las decisiones tomadas deben ser de manera informada respecto de los hechos y circunstancias, incluyendo las actividades particulares y los intereses personales de las personas involucradas para no romper con los esquemas ya establecidos.
Un factor que impide que sean aplicados los principios fundamentales que señala el CEP es el conflicto de interés, entendiendo que se trata de la condición que viven las diferentes personas involucradas en la entidad, que se presentan simultáneamente y que pueden ser incompatibles entre ellos.
Sin importar el área donde se desarrolle el contador público (dependiente o independiente), éste no debe permitir que un conflicto de interés comprometa su juicio profesional o de negocios; por ello es importante evitar:
Como se observa, el trabajo del contador lo expone a un sinfín de amenazas, siendo una responsabilidad principal el estar preparado y, en su caso, tomar las medidas razonables para identificar circunstancias que podrían crear un conflicto de interés, así como amenazas que impidan el cumplimiento de los principios fundamentales; entre otros, por las relaciones de las personas involucradas o por la actividad y su implicación de las partes.
Cuando más directa sea la conexión de las personas o la actividad profesional, existe más la probabilidad de generar una amenaza. Lo anterior debe tomarse en cuenta para eliminar las que puedan surgir y, dependiendo de la magnitud, puede darse el caso que se tenga que retirar de los procesos de toma de decisiones o aplicar las salvaguardas para reestructurar o segregar ciertas responsabilidades y deberes, o bien, implementar la supervisión apropiada de personal o de un director ejecutivo.
Las aplicaciones de salvaguardas se pueden lograr buscando la orientación en la entidad de un asesor, un contador independiente o recurrir a los colegios profesionales. Una parte fundamental en la construcción de un juicio profesional libre de algún conflicto de interés está en que, al conocer la problemática, es necesario revelar u obtener el consentimiento (en su caso).
En la revelación de un conflicto de interés se deben dar a conocer las amenazas generadas, así como la forma en que fueron abordadas por las partes involucradas y si se canalizaron en los niveles adecuados. En la parte del consentimiento, el contador debe obtenerlo de las partes involucradas para que pueda emprender su actividad profesional, con la seguridad de haber aplicado las salvaguardas para enfrentar las amenazas.
En su caso, el consentimiento puede estar implícito si se concluye que las partes conocen las circunstancias desde el principio y aceptan el efecto del conflicto de interés; independientemente de esto, se recomienda que el consentimiento sea por escrito. Si el consentimiento no se realizó por escrito, es recomendable:
Un juicio profesional debe construirse con los conocimientos técnicos vigentes, así como con la experiencia en las diferentes áreas, además de estar respaldado con la información adecuada que permita conocer el entorno en donde se ha de aplicar; asimismo, es importante considerar el darlo a conocer a todas las partes que pudieran estar involucradas para su correcta realización, así como dejar por escrito las opiniones o decisiones que se tomaron durante cada parte del proceso.
Toda carrera y toma de decisiones debe estar construida sobre la base de un buen juicio profesional; esto permitirá solucionar problemas sobre las circunstancias que el contador público puede enfrentar. Es preciso dejar en claro que la experiencia adquirida es importante, pero en la toma de decisiones (como se ha planteado) se debe incluir la normatividad aplicable, la información obtenida, así como los hechos y circunstancias que pudieran considerarse o que puedan afectar en su momento. 
Dentro del marco normativo mexicano existe una serie de requisitos que debe cumplir quien desee ocupar los más altos cargos de fiscalización.
Gerardo González de Aragón Rodríguez
Bajo ciertas circunstancias, hay autoridades específicas que están facultadas para solicitar información confidencial amparada por el secreto bancario.
Eréndira Berenice López Gutiérrez
Se deben realizar las revelaciones suficientes y necesarias para que los usuarios de la información financiera tengan la oportunidad de conocer los cambios contables y la corrección de errores.
Juan Carlos Bojorges Pérez
Un saldo a favor del ISR no es un tema que se genere en automático, es una tarea que dura todo el año y culmina en la declaración anual para personas físicas en el mes de abril.
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