Durante muchos años, el sistema brasileño de precios de transferencia se caracterizó por su simplicidad, al establecer métodos con márgenes fijos y criterios mecánicos; sin embargo, este modelo fue duramente criticado y cuestionado por su falta de alineación con las mejores prácticas internacionales, generando distorsiones, dobles imposiciones y falta de competitividad económica internacional.
En respuesta, el gobierno brasileño trabajó en conjunto con la OCDE para desarrollar una nueva legislación que adopta el principio de plena competencia (arm’s length), la cual se formalizó con la Ley 14.596/23, que busca alinear al país con los estándares internacionales y mejorar su integración en los negocios globales.
Uno de los puntos más delicados en esta transición es la necesidad de revisar y, en muchos casos, reestructurar las operaciones internacionales para asegurar que cumplan con el principio de plena competencia. Este proceso implica renegociar contratos, redefinir términos y condiciones comerciales, así como asegurar que las contrapartes en el extranjero estén dispuestas a aceptar los nuevos lineamientos, algo que no siempre es sencillo, pues una modificación en la metodología de fijación de precios puede alterar el resultado financiero de una matriz o una subsidiaria en otro país, lo que genera tensiones internas y requiere una visión global coordinada.
En general, esta reestructuración exige una planificación minuciosa, coordinación entre las distintas entidades del grupo y una visión clara de los impactos fiscales y contables, tanto a nivel local como internacional.
El nuevo marco establece la obligatoriedad de presentar distintos informes (Local File, Master File y Country by Country Report, cuando aplique) en los plazos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (Receita Federal) mediante el sistema electrónico e-CAC.
No contar con esta documentación no sólo expone al contribuyente a multas significativas (hasta cinco millones de reales), sino que abre la puerta a que la administración fiscal determine unilateralmente el ingreso que debió haberse generado en una operación o incluso rechace por completo una deducción. En este sentido, el verdadero riesgo no es la sanción económica por falta de forma, sino la posibilidad de una revaluación material de la base imponible.
Aunque Brasil carece de precedentes significativos en materia de auditorías de precios de transferencia, es previsible que la Receita Federal incremente su capacidad de fiscalización conforme madure el nuevo sistema. Si se toma como referencia el caso de México, donde más del 95% de las auditorías a grandes contribuyentes incluyen componentes de precios de transferencia, es razonable anticipar un enfoque similar en el país sudamericano.
Las operaciones que suelen estar bajo mayor escrutinio en otras jurisdicciones, probablemente también serán objeto de revisión prioritaria en Brasil, tales como servicios, regalías, financiamiento, manufactura, enajenación de bienes o acciones y gastos de publicidad.
No es raro que muchas empresas brasileñas perciban el nuevo régimen simplemente como una obligación legal más. Para algunas entidades, especialmente en esta fase inicial de implementación, el enfoque podría limitarse a cumplir por cumplir, considerando este acatamiento como un costo hundido inevitable. Esto lleva a muchas compañías a optar por soluciones rápidas, de bajo costo y escaso rigor técnico, sin dimensionar los riesgos reales que conlleva un análisis superficial o meramente formalista en la materia.
Lo que muchas veces se subestima es que los precios de transferencia son una disciplina altamente técnica y, en muchos aspectos, subjetiva, lo que abre espacio a interpretaciones divergentes entre el contribuyente y la autoridad fiscal. Esta característica ha sido aprovechada históricamente por las administraciones tributarias en muchos países para iniciar auditorías y realizar ajustes significativos.
En el caso de México, por ejemplo, entre 2014 y 2022, la recaudación por ajustes derivados de auditorías fiscales en materia de precios de transferencia aumentó en más del 130%, lo que sugiere que los ajustes por esta vía representan una fuente cada vez más relevante de ingresos para las autoridades tributarias.
Para enfrentar con éxito este nuevo entorno, las empresas deben adoptar una estrategia integral de cumplimiento. Algunas acciones fundamentales incluyen:
La transición al nuevo sistema de precios de transferencia representa un hito para Brasil, pero también es un desafío considerable para las empresas. Las compañías que no se preparen adecuadamente podrían enfrentar riesgos financieros, fiscales y reputacionales significativos.
En este contexto, contar con asesoría técnica de calidad, mantenerse informado sobre los requerimientos regulatorios, así como atenderlos en tiempo y forma con la seriedad que merecen, será clave para navegar este nuevo entorno con éxito y minimizar importantes riesgos fiscales.
Dentro de la regulación mexicana no existen beneficios fiscales en concreto para las cooperativas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
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