Socio de Auditoría Financiera y Fiscal
en Ecovis México
La digitalización, la Inteligencia Artificial (IA) y el análisis masivo de datos han transformado la fiscalización en un proceso tecnológico y analítico. En este entorno, la gestión financiera requiere evidencia documental sólida y coherencia entre auditoría y precios de transferencia. Cuando ambas áreas operan de forma aislada, aumentan los riesgos de ajustes fiscales, salvedades del auditor y pérdida de confianza de inversionistas.
Este artículo analiza los principales puntos de convergencia entre la auditoría y los precios de transferencia, su relevancia para la alta dirección, así como las estrategias recomendadas para fortalecer la coherencia entre las áreas contable, fiscal y de cumplimiento.
El principio de plena competencia, establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1995, es el estándar que rige las operaciones entre partes relacionadas. Ahora bien, México exige tres niveles de documentación al respecto: local file, master file y Country-by-Country Report.
Las inconsistencias entre esta documentación y los estados financieros pueden comprometer la opinión del auditor. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado las revisiones; muestra de ello es que, entre 2020 y 2025, las auditorías de precios de transferencia aumentaron más del 350%. Además, el uso de modelos de aprendizaje automático permite detectar discrepancias con alta precisión.
Por su parte, el proyecto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0 introduce los pilares 1 y 2: reasignación de utilidades y tasa mínima global del 15%. Aunque México aún no adopta medidas específicas, las empresas deben anticipar impactos mediante lo siguiente:
La OCDE define a las partes relacionadas como entidades con influencia directa o indirecta en la administración o capital. En México, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), la Ley Aduanera, las Normas de Información Financiera (NIF) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) amplían el alcance a familiares y personal clave.
Según el artículo 76.° (fracción XXI) de la LISR, muchas empresas poseen más partes relacionadas de las que identifican y la omisión puede implicar evasión fiscal. Aunque existen excepciones por ingresos, toda entidad debe demostrar que sus operaciones cumplen con el principio de plena competencia.
Un único Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) entre partes relacionadas puede activar alertas del SAT. Por su parte, una documentación robusta protege el cumplimiento fiscal y la opinión del auditor, asegurando trazabilidad y consistencia en los reportes.
Desde la perspectiva del auditor, los precios de transferencia afectan directamente la confiabilidad de los estados financieros. Diferencias en márgenes o políticas intragrupo pueden distorsionar resultados o provisiones fiscales.
Algunos indicadores de riesgo fiscal y señales de alerta son márgenes operativos atípicos, regalías o servicios intragrupo excesivos, operaciones con jurisdicciones de baja tributación, pérdidas recurrentes sin justificación, así como la falta de evidencia de sustancia económica.
Una revisión coordinada entre la auditoría y los precios de transferencia permite prevenir inconsistencias entre el estudio, los anexos fiscales y la contabilidad, además de evaluar la materialidad y razonabilidad de las operaciones.
La alineación entre ambas disciplinas es una necesidad estratégica. Un ajuste en precios de transferencia puede modificar resultados financieros, provisiones y decisiones sobre dividendos; por ello, la información empleada en los estudios debe conciliarse con los estados financieros auditados.
El SAT cruza información de manera integral; por lo tanto, las inconsistencias aumentan la probabilidad de revisiones exhaustivas.
La coordinación entre estas disciplinas contribuye a detectar riesgos de ajustes retroactivos, rediseñar modelos de negocio, establecer márgenes óptimos y justificados, fortalecer la transparencia ante autoridades e inversionistas; asimismo, las organizaciones que integran en un ciclo coordinado a sus equipos de finanzas, contraloría, fiscal, legal y auditoría obtienen ventajas competitivas, pues se anticipan revisiones, se minimizan riesgos y se fortalece su reputación ante el mercado.
La documentación de precios de transferencia debe entenderse como una herramienta de gestión que respalda la razonabilidad de los estados financieros y protege la opinión del auditor. Ante ello, se plantean dos enfoques de documentación:
Un estudio de precios de transferencia sólido permite justificar márgenes, detectar desviaciones y mejorar la gestión del riesgo fiscal y reputacional. Capacitar equipos, realizar análisis preliminares y mantener evidencia coherente entre contabilidad, contratos y operaciones es clave para garantizar el cumplimiento y la transparencia.
El auditor no valida la legalidad fiscal del estudio de precios de transferencia, pero debe confirmar que los estados financieros reflejan razonablemente la sustancia económica de las transacciones; para ello, debe verificar que exista un estudio sustentado en métodos aceptados por la OCDE, que la información del anexo 9 y demás declaraciones concilie con los registros financieros, que no existan operaciones intragrupo sin soporte documental, y que las notas a los estados financieros cumplan con las normas aplicables.
Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 550 y 250 obligan a evaluar riesgos de incumplimiento legal y garantizar revelaciones completas. Ante la falta de evidencia, el auditor puede modificar su opinión.
Ahora bien, entre los hallazgos más comunes en la revisión de estudios de precios de transferencia se encuentran: métodos de valuación inapropiados o genéricos, comparables de sectores no equivalentes, inconsistencias con los estados financieros, falta de revelación de la totalidad de las partes relacionadas y carencia de evidencia de sustancia económica.
Los contribuyentes obligados al dictamen fiscal, de acuerdo con el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), deben asegurar que la información del estudio de precios de transferencia sea coherente con los anexos 16 y 17 del Sistema de Presentación del Dictamen de estados financieros (Sipred).
El auditor tiene la responsabilidad de validar la razonabilidad de los precios y márgenes reportados, pues la incongruencia entre dictamen y documentación puede derivar en sanciones, ajustes retroactivos o responsabilidades penales.
Actualmente, la interacción entre auditoría y precios de transferencia es un pilar esencial de la estrategia fiscal corporativa. La coherencia entre estados financieros, estudios en la materia y declaraciones informativas fortalece la confianza institucional y la reputación empresarial.
La clave para los directores financieros es adoptar una visión integrada que combine cumplimiento, transparencia y análisis estratégico. Una coordinación temprana entre auditores y especialistas transforma el cumplimiento en una ventaja competitiva sostenible y fortalece la credibilidad financiera de la empresa.
Previo al cierre fiscal 2025, una revisión en precios de transferencia puede aportar valor agregado a la toma de decisiones estratégicas en las empresas.
Karen Ramos Álvarez
Ante nuevos aranceles, las empresas mexicanas deberían buscar proveedores alternativos, fortalecer inventarios críticos y digitalizar procesos logísticos.
Edgar Cruz Cruz
Adquirir una empresa en operación se puede estructurar mediante la compra total o parcial de los activos de la entidad, o bien, de sus acciones.
Jorge Grinberg Feldman, Andrés Montaño Caram
Una política de precios intercompañía es un instrumento estratégico para facilitar el cumplimiento del principio de valor de mercado en las multinacionales.
Miguel Ángel Morales García
© 2025 Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
Directorio Contacto Aviso legal Acerca de Veritas
Inicia sesión o suscríbete para continuar leyendo.