Contratos y convenios para donatarias: legalidad con impacto social

En México, el contrato de donación está regulado por el Código Civil Federal (CCF). En su definición más simple, implica que una persona física o moral transfiere gratuitamente un bien a otra que lo acepta; pero en la vida diaria de una donataria autorizada, este acto va mucho más allá del gesto altruista, pues está vinculado a obligaciones fiscales, reglas de transparencia y procesos de rendición de cuentas que no se pueden ignorar.

Por otro lado, los convenios de colaboración se han convertido en una de las herramientas más poderosas para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Funcionan como puentes que conectan recursos, conocimiento y experiencia para lograr objetivos concretos. Un convenio bien redactado no sólo detalla qué se hará y cómo, sino que establece un marco de responsabilidad mutua.

Pero, ¿quién debe firmar un contrato en la OSC? Es algo que parece obvio, pero que no siempre se cumple: únicamente el representante legal con poderes vigentes debe firmar estos documentos. No obstante, por desconocimiento, se firma sin dicha facultad y el contrato termina siendo inválido; las consecuencias van desde la pérdida de apoyos hasta conflictos legales.

Invertir tiempo en contratos y convenios claros no es un lujo, es la decisión que puede asegurar el futuro de una causa.

Elementos que no deben faltar

Cuando se revisa un contrato o convenio, siempre se tiene que asegurar que incluya:

• Datos completos de las partes: razón social, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio y datos de contacto.
• Objeto del contrato: describir con precisión lo que se dona o en qué consiste la colaboración.
• Aceptación expresa: con firma autógrafa o medios electrónicos válidos.
• Destino y entrega de recursos: plazos, condiciones y forma de entrega.
• Cumplimiento fiscal: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y, si aplica, cláusulas contra lavado de dinero.

Estos puntos no son burocracia innecesaria, son la evidencia de que se actúa con transparencia y profesionalismo.

Voluntariado: el corazón que también requiere formalidad

Un convenio de voluntariado, según la Asociación Mexicana de Profesionales de Procuración de Fondos, no es para complicar la participación, sino para proteger a la persona voluntaria y a la organización.

En estos convenios se incluye la descripción detallada de actividades, la duración, los horarios y el lugar en donde van a desarrollarse las actividades o el servicio, la capacitación previa y cobertura de seguro, así como la declaración de inexistencia de relación laboral.

A manera de ejemplo, si en una Institución de Asistencia Privada (IAP) dedicada a la atención de adultos mayores, un voluntario sufre una caída durante una actividad recreativa; gracias a la existencia de un convenio que incluye un seguro contra accidentes, el incidente se puede atender de forma inmediata y sin conflictos legales.

Convenios con personal en formación: invertir en el futuro

Recibir estudiantes en servicio social o prácticas profesionales es una oportunidad para nutrir a la organización de talento joven, pero también implica una responsabilidad. Un buen convenio establece el perfil académico, actividades, supervisión, garantías de seguridad y mecanismos de evaluación.

Obligaciones que inspiran confianza

Las obligaciones fiscales y legales, lejos de ser un obstáculo, son herramientas para construir credibilidad. Un ejemplo claro es la identificación de beneficiarios controladores, figura establecida en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Se entiende por beneficiarios controladores a las personas físicas que, directa o indirectamente, obtienen beneficios o ejercen control efectivo sobre una persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica; es decir, quienes realmente toman las decisiones relevantes o se benefician económicamente de la operación.

Cumplir con este y otros requisitos, tales como la presentación de informes anuales y la emisión correcta de comprobantes fiscales, demuestra que la organización actúa con orden, lo que se traduce en más confianza de donantes, autoridades y sociedad.

Cabe aclarar que no formalizar acuerdos puede acarrear problemas serios como conflictos legales que consumen tiempo y recursos, pérdida de apoyos financieros, sanciones fiscales que pueden superar el monto de la donación recibida, así como la cancelación de la autorización como donataria, dejando a la organización sin su principal herramienta para recibir donativos deducibles.

Un convenio bien redactado no sólo detalla qué se hará y cómo, sino que establece un marco de responsabilidad mutua.

Conclusiones

La legalidad no es un freno a la labor social, es su cimiento. Un contrato o convenio bien hecho brinda estabilidad, previene conflictos y proyecta una imagen profesional. Cuando las OSC adoptan la formalidad como parte de su cultura, no sólo cumplen con la ley, mejoran sus procesos, optimizan recursos y fortalecen su reputación.

Cada firma, cláusula o anexo es más que un requisito; se trata de un acto de responsabilidad con la misión que se defiende frente a las personas que demuestran su confianza y con la sociedad que espera resultados tangibles.

La legalidad, bien entendida, es el motor que impulsa un impacto social duradero. Invertir tiempo en contratos y convenios claros no es un lujo, es la decisión que puede asegurar el futuro de una causa. Por su parte, la formalidad es una aliada de la eficiencia y la transparencia.