Frente a esto, el mercado bursátil permanece prácticamente inexplorado, pues apenas representa 7.5% del financiamiento total para los estados, esto a pesar de ofrecer condiciones significativamente mejores, como plazos de hasta 25 años, tasas menores, así como mayor transparencia y acceso a inversionistas institucionales (como Afores y fondos internacionales).
Al cierre de 2024, la deuda subnacional sumó 705,000 millones de pesos. Aunque en términos reales cayó 3.8% por efecto inflacionario, la trayectoria sigue siendo ascendente.
Acceder al mercado no está exento de retos. La limitada capacidad técnica en algunos estados, la rotación frecuente de equipos y el desconocimiento de las herramientas disponibles son factores que han frenado su adopción; sin embargo, los obstáculos no son insalvables. Con voluntad política, acompañamiento técnico, así como proyectos bien estructurados, varios gobiernos ya han comenzado a explorar caminos más sofisticados, eficientes y transparentes de financiamiento.
Aquí es donde instituciones como BID Invest (miembro del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo), IFC (miembro del Banco Mundial) y NADBank (Banco de Desarrollo de América del Norte) juegan un papel clave, aportando garantías, asistencia técnica y metodologías que permiten estructurar proyectos con estándares de mercado y enfoque sostenible. Estas instituciones no sólo brindan financiamiento, sino que fortalecen capacidades locales, impulsan mejores prácticas de gobernanza y promueven proyectos con enfoque de impacto.
En algunos casos, la participación de estas entidades ha sido determinante para lograr el financiamiento de gobiernos sostenibles. Por ejemplo, en entidades fronterizas donde el acceso a recursos ha estado condicionado por desafíos ambientales, NADBank ha respaldado la estructuración de proyectos que combinan infraestructura con sostenibilidad; esto no sólo eleva el atractivo para los inversionistas, sino que alinea las emisiones con prioridades de desarrollo regional.
Carlos Carranza, directivo en NADBank y especialista en financiamiento ambiental e infraestructura, lo explica claramente en el podcast Análisis BIVA Sostenible; ahí refiere que acceder a financiamiento sostenible requiere planificación estratégica, evidencia técnica y transparencia.
También vale la pena considerar el potencial de instrumentos como los Fibra E (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces), que permiten canalizar inversión hacia carreteras, puertos, aeropuertos, energía e infraestructura de largo plazo. A diferencia de los mecanismos de deuda, los Fibra E son instrumentos de capital, lo que juega un papel fundamental para mantener el equilibrio financiero de los estados, reduciendo presiones sobre el endeudamiento y atrayendo participación privada en proyectos públicos.
El financiamiento a través del mercado no sólo mejora las condiciones financieras, sino que permite incorporar inversión privada en la infraestructura gubernamental, generando mayor transparencia, rendición de cuentas, eficiencia en la ejecución de proyectos y, en muchos casos, retornos económicos y sociales sostenibles.
Que los gobiernos se financien a través de la bolsa de valores es actuar con inteligencia, bajo reglas claras, con visión de largo plazo y en condiciones más justas. Se trata de dar un paso hacia la autonomía financiera y la profesionalización de gobiernos locales; es planear con más herramientas, ejecutar con mayor control, así como abrir una ruta que combine responsabilidad fiscal con ambición de desarrollo.
Cuando hay voluntad política y técnica, proyectos bien definidos y acompañamiento adecuado, los recursos existen; lo han demostrado quienes ya se atrevieron. La puerta al mercado está abierta; ahora toca cruzarla.
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