Asimismo, la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 prevé la continuidad del programa de regularización fiscal, que permite la reducción total de multas, recargos y gastos de ejecución, condicionado a la corrección de irregularidades y al pago en una sola exhibición de adeudos de ejercicios anteriores dentro de los plazos establecidos, sin resultar aplicable a contribuyentes involucrados en esquemas de simulación.
Adicionalmente, se incorpora un esquema de repatriación de capitales que permite el retorno de recursos del extranjero mediante el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a tasa preferencial, siempre que sean de procedencia lícita, se inviertan en el país y permanezcan invertidos por un periodo mínimo. Aunado a esto, se refuerza el cumplimiento del dictamen fiscal, destacando sanciones por incumplimiento y un mayor escrutinio a la actuación del contador público inscrito.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del SAT, publicó los oficios 500-05-2026-11290, 500-05-2026-11341 y 500-05-2026-11385, mediante los cuales actualizó los listados globales de contribuyentes en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), incorporando tanto a contribuyentes en presunción como a los que se encuentran en situación definitiva.
El artículo 69-B faculta a la autoridad para presumir la inexistencia de operaciones cuando un contribuyente carece de activos, personal o infraestructura para realizarlas. Los contribuyentes incluidos en el listado de presunción cuentan con un plazo de 15 días hábiles para desvirtuar los hechos; de no hacerlo, son incorporados al listado definitivo, adquiriendo la calidad de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
Las implicaciones de esta determinación son relevantes, ya que los comprobantes fiscales emitidos por estos contribuyentes no producen efectos tributarios, salvo que el receptor acredite la materialidad de las operaciones o corrija su situación fiscal. En consecuencia, las empresas que hayan deducido o acreditado operaciones con dichos proveedores pueden ser sujetas a revisiones, determinación de créditos, multas e incluso responsabilidades penales.
En fechas recientes se presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que propone reconocer expresamente el derecho a la desconexión digital, así como permitir el teletrabajo ante contingencias derivadas de fenómenos naturales, como lluvias intensas.
La propuesta responde a las nuevas dinámicas laborales caracterizadas por una conectividad constante, estableciendo límites a la disponibilidad fuera de la jornada y buscando prevenir riesgos psicosociales. Además, contempla que, en situaciones extraordinarias, los empleadores puedan implementar esquemas temporales de trabajo a distancia, sin que ello implique una modificación permanente de la relación laboral.
Aunque la iniciativa aún no es vinculante, su eventual aprobación implicaría revisar políticas internas relacionadas con jornadas, disponibilidad digital y esquemas híbridos, particularmente en empresas con alta dependencia tecnológica.
Se presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, esto con el objetivo de sectorizar al organismo hacia la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, manteniendo su autonomía técnica, funcional y de gestión.
La propuesta implica que el organismo deje de ser no sectorizado para integrarse formalmente a la administración pública federal, incorporando cambios en su gobierno corporativo, en el mecanismo de designación de su titular (que sería nombrado por el Ejecutivo y ratificado por el Senado), así como en sus mecanismos de control y vigilancia.
Este planteamiento se enmarca en un proceso de fortalecimiento institucional y coordinación intergubernamental; no obstante, desde una perspectiva práctica, será relevante evaluar su impacto en la función de la Prodecon como organismo defensor del contribuyente, particularmente en mecanismos como los acuerdos conclusivos.
El Plan Maestro 2026 muestra una estrategia que combina mayor fiscalización con incentivos de regularización, reforzando la necesidad de un enfoque preventivo en cumplimiento fiscal. Por su parte, la iniciativa laboral anticipa cambios en la regulación del trabajo digital, por lo que será recomendable anticipar ajustes en políticas internas (en caso de su aprobación).
Ahora bien, la actualización de los listados del artículo 69-B del CFF confirma la intensificación en el combate a esquemas de simulación, lo que obliga a reforzar la debida diligencia en la selección y monitoreo de proveedores. Por último, la sectorización de la Prodecon deberá analizarse por sus posibles efectos en la defensa del contribuyente y en la interacción con la autoridad.
La disminución de pagos provisionales del ISR permite ajustar la carga fiscal cuando el coeficiente histórico ya no refleja la utilidad real del ejercicio.
Gilberto Rodríguez Medina
La decisión de incluir o no ciertos créditos en el cálculo del ajuste anual por inflación puede tener un impacto en la determinación del resultado fiscal.
Francisco Javier Reyes Jiménez
El SAT publicó nuevos parámetros de tasas efectivas para grandes contribuyentes, incorporando 40 actividades económicas adicionales para los ejercicios 2022 y 2023.
Antonio González Rodríguez
Obtener el CFDI de inmediato al adquirir mercancías extranjeras es clave para evitar que sea considerado inválido en actos de fiscalización del SAT.
Juan Álvarez Villagómez
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